UNA NUEVA polémica se generó ayer alrededor del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, pero no relacionada  con el complejo tema del desarme o el cese el fuego y de hostilidades que se negocia en estos momentos en La Habana, sino frente a un tema que se dejó pendiente desde noviembre de 2013, cuando se anunció el preacuerdo sobre el segundo punto de la agenda, relacionado con “participación política”.

 

En ese entonces, las partes acordaron la creación de “Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz” en las regiones más golpeadas por el conflicto, con el fin de garantizar una mejor integración de estas áreas y una mayor inclusión y representación política de esas poblaciones. En ese orden de ideas, se pactó que los habitantes de estas regiones podrán elegir, de manera temporal, representantes a la Cámara adicionales con unas reglas especiales.

 

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Paz, quedó pendiente lo relativo al número de regiones, curules y periodos electorales de esas “Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”.

 

El mismo día en que se anunció el acuerdo sobre este punto el propio jefe negociador gubernamental, Humberto de la Calle Lombana, recalcó que esas circunscripciones “no eran para las Farc” ni significaban curules directas a la guerrilla.  

 

Incluso De la Calle explicó que no se trataba “de mecanismos para fomentar la representación del movimiento que surja de las Farc, sino de aumentar en forma transitoria la presencia en la Cámara de aquellos territorios que, por razón del conflicto, se han visto marginados del sistema representativo".

 

La misma tesis fue reiterada por De la Calle y el alto Comisionado Sergio Jaramillo en muchas ocasiones, incluso de cara a señalamientos directos del uribismo y el procurador Ordóñez en cuanto a que se había pactado un gran número de curules automáticas para la guerrilla en Senado y Cámara.

 

Sin embargo, en vista de que la definición exacta del punto de las curules quedó pendiente, los voceros de las Farc en reiteradas ocasiones han insistido en que es necesario garantizar su participación en el Congreso, para asegurar la aplicación de los acuerdos y su tránsito a partido político.

 

Aunque no ha precisado el número y el porcentaje de escaños a que aspira, lo cierto es que la guerrilla siempre ha tenido como norte claro que su ingreso al Congreso, al menos al comienzo, no se dará por una elección directa y abierta en las urnas (que por su baja popularidad no le resultaría rentable), sino que sería necesaria una asignación directa de escaños, incluso a cabecillas que tengan acusaciones por delitos graves y de lesa humanidad. No hay que en el acuerdo sobre “Jurisdicción Especial de Paz” se contempla que quienes confiesen sus delitos y ‘reparen’ a sus víctimas, no pagarán un día de cárcel sino penas ‘restaurativas’ y quedarán con sus derechos de elegibilidad habilitados de inmediato.

 

Tan cierto es que no estaba claro si habría o no curules directas para las Farc en el Congreso, que incluso a finales del año pasado el presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, le envió una carta al presidente Santos en la planteaba que a través  de esa “circunscripción especial de paz” se crearán 40 curules en el Congreso -15 en Senado y 25 en la Cámara de Representantes- y 2 nuevas curules en cada una de las Asambleas Departamentales exceptuando el Departamento de San Andrés y 2 curules en los concejos en los 200 municipios con presencia histórica de las guerrillas.

 

Según Sanguino, “la duración de esta circunscripción para asegurar una transición política exitosa debería ser de tres periodos constitucionales, es decir, 12 años. Estas curules serían entregadas por el Presidente de la República a las personas que así designen las Farc y el Eln".

 

Sin curules: Cristo

Pues bien, el tema se volvió a poner sobre la mesa este mes luego de la cumbre partidista que el Gobierno convocó días atrás en Cartagena en torno a las reformas políticas y electorales que serán necesarias no sólo para aplicar los acuerdos de paz con las guerrillas sino para dar una mayor apertura e inclusión democráticas en las regiones.

 

Allí, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expuso la necesidad de avanzar en temas como reformas al sistema de partidos, la organización electoral, el estatuto de garantías a la oposición y las circunscripciones especiales para la paz,

Sin embargo precisó que el acuerdo logrado en Cuba "no le da curules a las Farc", sino que permite la participación política de los habitantes de las zonas que más han sido afectadas por el conflicto, a las cuales se les darán escaños en la Cámara de Representantes.

 

Con curules: alias ‘Zamora’

A esa afirmación reaccionaron ya las Farc, por intermedio de alias ‘Rubén Zamora’, quien no sólo se quejó de que en Cartagena no se hubiera escuchado la postura de la guerrilla, sino que indicó que lo dicho por Cristo constituía una “verdad a medias”.

 

“Olvida el ministro que hasta ahora lo construido son acuerdos parciales, y que hay temas de cada punto de la Agenda que se deben retomar antes de la firma de un Acuerdo Final. Uno de ellos es la circunscripción especial para la paz”.

 

Recalcó que las Farc expusieron la propuesta “de una Cámara Territorial que permitiera una legítima y amplia representación de los territorios en el Congreso y lo más que logramos fue una circunscripción especial para los territorios. En segundo lugar, propusimos una circunscripción especial para la paz que nos permita una representación en el Congreso como nuevo movimiento político que debe contribuir a robustecer el nuevo escenario democrático y a afianzarnos como fuerza política, reconocernos simétricamente como partes contendientes en el escenario de la política legal y, entre otros objetivos, velar porque se implementen los acuerdos sin dificultades que afecten el proceso de paz”.

 

De acuerdo con ‘Zamora’, la circunscripción especial para la paz no se pudo consensuar en ese momento “por la fragilidad del proceso” por lo que las Farc dejaron dicha propuesta para retomar su discusión más adelante “y así se lo hicimos saber al gobierno”.

 

Es más, el propio vocero guerrillero indicó que “a propósito del tema ya hay propuestas, como la del presidente Santos, quien públicamente nos ofreció 10 curules en el Congreso”.

 

Puntualizó que “es mejor imaginarse que, tras la firma del fin del conflicto, una importante representación de la insurgencia llegará al Congreso para ayudar a convertir esta institución en un verdadero santuario de la democracia. Esa representación se ampliaría a los poderes regional y local, en los que, en muchísimos casos, están sobre representadas maquinarias corruptas y mafiosas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo”.

 

Lo que dijo Santos

La referencia de las Farc a que el propio Santos les había ofrecido esa posibilidad de curules llamó la atención.

 

Al revisar los pronunciamientos del Jefe de Estado al respecto, es necesario irse a una intervención suya a finales de agosto del año pasado, en un evento en el Valle del Cauca relacionado con el Ingenio Riopaila Castilla.

 

Allí Santos, al explicar lo que se negociaba en La Habana y cómo nada de ello ponía en peligro el modelo económico y el sistema político, se refirió al acuerdo sobre participación política firmado a finales de 2013 con las Farc.

 

“Que si le entregaron unos cupos en la Cámara de Representantes temporales a las Farc, tampoco es cierto. Se acordó un número limitado de circunscripciones especiales un tiempo limitado, un periodo, dos periodos, para zonas que nunca han tenido representación. Zonas que han estado bajo el yugo de las Farc los últimos 40, 50 años”, indicó el Presidente.

 

Y agregó: “Y por qué digo que eso no es para las Farc, porque si ustedes van a esas zonas y le preguntan a la población: qué harían si no tuvieran ese fusil que las Farc les ponen en la cabeza para dominarlos, los han dominado durante dos o tres generaciones. Ellos dicen (que) si no tenemos esa amenaza votaríamos en contra de las Farc. Es una reacción natural. O sea que no le estamos entregando a las Farc”.

 

Sin embargo, Santos si entró en el debate sobre si era necesario o no dar esas curules a la guerrilla.

 

“Pero en aras de discusión supongamos que sí, supongamos que a dedo, que repito no está en los acuerdos, el Presidente de la República puede decirle a las Farc ustedes tienen ocho o diez cupos en la Cámara de Representantes durante uno, dos años, y ese es el precio de las Farc ¿Es un precio muy grande? Yo me pregunto. ¿Es un precio demasiado grande para acabar con la guerra en 50 años?”.

 

Sin embargo la propuesta no pasó de allí. Incluso se descartó que en el marco del proyecto acto legislativo para la paz, que desde el segundo semestre del año pasado se tramita en el Congreso (hoy ya va en sexto debate), se pudiera dar participación a delegados de las Farc en la llamada “comisión legislativa especial de paz”, que sería la encargada de discutir y aprobar las reformas legales y constitucionales derivadas de un eventual acuerdo final para la terminación del conflicto.

 

Hoy, como se sabe, ya esa “comisión legislativa especial” fue archivada en el sexto debate y se contempla que sean las comisiones primeras de Senado y Cámara las que, en trámites abreviados, puedan aprobar las leyes y reformas respectivas. Obviamente sin participación alguna de delegados subversivos.

 

¿Entonces?

Lo cierto es que este tema de si habrá o no curules directas para las Farc todavía no se ha definido en la Mesa de Negociación. Se estima que sólo se abordaría una vez termine de discutirse el punto 3 de la agenda, referido al “fin del conflicto” y en el cual hay temas tan complejos como las reglas del juego para el cese el fuego y de hostilidades, el cronograma de desarme subversivo, la destinación del arsenal, las “zonas de ubicación”, el desmonte del paramilitarismo, garantías de seguridad para los cabecillas y pie de fuerza subversivos desmovilizados y hasta los mecanismos para asegurar la implementación de los acuerdos.

 

No hay que olvidar que uno de los pulsos más duros en la Mesa es el referido a cuándo las Farc dejarán las armas, pues el Gobierno insiste en que no habrá ningún tipo de participación política (ya sea por curules directas o elegibilidad en las urnas) para la guerrilla mientras mantenga su arsenal, pero la subversión es de la tesis de que el desarme tendría que ser gradual para garantizar su propia seguridad física y el cumplimiento de los acuerdos.

 

A ello se suma que el de las curules no es el único tema pendiente, pues en los preacuerdos sobre los puntos 1 (desarrollo rural), 2 (participación en política), 4 (lucha contra el narcotráfico) y 5 (reparación a las víctimas y justicia transicional) quedaron más de una veintena de asuntos que los negociadores dejaron para el final.

 

Habrá que esperar a que se supere el difícil punto 3 de la agenda y se aboque, luego, el 6, referido a la implementación y verificación de los acuerdos. En medio de ello se discutirán los puntos pendientes de los anteriores preacuerdos y se sabrá, a ciencia cierta, si los guerrilleros tendrán o no cupo directo en el Congreso sin necesidad de pasar por el filtro de las urnas. Un pulso tan dilatado como complejo.