Ocho propuestas mínimas correspondientes al séptimo punto sobre “Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores” presentó la delegación de las Farc desde La Habana, Cuba, donde se desarrolla el dialogo con el gobierno Santos para ponerle fin al conflicto armado.

Reconocimiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública. El consumo de drogas sicoactivas será reconocido como un problema de salud pública, explicado en lo esencial por causas estructurales propias de la lógica económica, política, social y cultural del capitalismo, por la pobreza, el desempleo, la discriminación y la exclusión social, así como por la ausencia de perspectivas de vida, especialmente para la población joven.

Diseño e implementación democrática y participativa de las políticas contra el consumo de drogas sicoactivas. Se integrará el “Consejo Nacional de Políticas contra el consumo de drogas sicoactivas” con representantes de las instituciones del Estado, las instituciones científicas y los centros especializados, las comunidades terapéuticas y los consumidores organizados. Su función principal consiste en el diseño democrático y participativo de la política pública en esta materia…  La política pública privilegiará la prevención, el tratamiento terapéutico, la rehabilitación y la reducción del daño, así como la regulación del consumo; considerará especificidades y necesidades de focalización según grupos de edad, género, condición socioeconómica y ubicación geográfica. 

Centralidad de la responsabilidad del Estado frente al consumo de drogas sicoactivas. Se reconocerá la centralidad de la responsabilidad del Estado para enfrentar la problemática. Ello conlleva su compromiso de disponer recursos de inversión social y emprender acciones conducentes a superar las causas estructurales del consumo. También implica el alistamiento del sistema de seguridad social para atender los requerimientos que resultan del reconocimiento del problema del consumo como un asunto de salud pública. Asimismo comprende medidas y acciones de política criminal contra las grandes redes de comercialización de sustancias sicoactivas y sus principales beneficiarios, así como tratamientos diferenciados, incluidas acciones de rehabilitación y de ofrecimiento de alternativas económicas, para quienes se encuentran involucrados en el llamado microtráfico.

Prevención del consumo de drogas sicoactivas. La política de prevención del consumo de drogas sicoactivas se concentrará en los niños, niñas y jóvenes, sin desatender otros grupos poblacionales. Se formularán e implementarán programas especiales de prevención en las instituciones educativas en sus diferentes niveles, involucrando al conjunto de las comunidades educativas… La prevención se fundamentará en campañas educativas y de información… En este aspecto, la provisión gratuita y la garantía de ofertas estatales permanentes de alternativas culturales, deportivas y de recreación ocupan un lugar primordial; también la disposición de opciones y alternativas laborales.   

Tratamiento terapéutico, rehabilitador y de reducción del daño del consumo de drogas sicoactivas. Se reconocerá al consumidor de drogas sicoactivas como un sujeto de derechos, con quien el Estado tiene una responsabilidad dada su adicción. Se garantizará el acceso gratuito al tratamiento terapéutico, rehabilitador y de reducción del daño a los consumidores… Se crearán centros de atención ambulatoria gratuita para drogadictos.Para consumidores crónicos y quienes mantengan la decisión de consumir, se diseñarán programas enfocados a la reducción del riesgo y del daño, incluida la desintoxicación y la recuperación de la autoestima.

Financiación estatal de las políticas contra el consumo de drogas sicoactivas. La política pública de investigación, prevención, tratamiento terapéutico, rehabilitación, y de reducción del daño, así como la regulación del consumo de drogas sicoactivas será financiada por el Estado… La financiación deberá garantizar la sostenibilidad de la política pública en el mediano y largo plazo. Para tal efecto, se conformará un Fondo especial, con recursos provenientes del presupuesto nacional y de las incautaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Reforma estructural al régimen de seguridad social en salud. Se impulsará una reforma estructural y profunda al régimen de seguridad social, con los correspondientes rediseños institucionales, que materialice en forma efectiva el derecho a la salud y al bienestar de la población, con fundamento en los principios de la universalidad, la gratuidad, la equidad y la desmercantilización. Una condición necesaria de tal reforma resulta del desmonte inmediato de la intermediación financiera y la privatización, así como del fortalecimiento del sistema público estatal de salud y, en especial, de la red pública hospitalaria y de atención ambulatoria.

Regulación estatal y despenalización del consumo de drogas sicoactivas. La política pública se fundamentará en la superación del prohibicionismo y la despenalización del consumo. Ello implica privilegiar medidas y acciones tendientes a la regulación gradual y diferenciada del consumo, incluida su legalización, atendiendo sus impactos y usos. Para tal efecto, se emprenderán los estudios especializados correspondientes, considerando el tipo de droga y experiencias internacionales, así como los derechos de los consumidores. Éstos serán tratados como víctimas de la empresa criminal transnacional del narcotráfico; se proscribirá su estigmatización y persecución, y se garantizará la descriminalización del consumo, lo cual conlleva la realización de las reformas del caso en materia penal.