La guerrilla exigió que el gobierno suspender los megaproyectos hidroeléctricos y la entrega de concesiones mineras, al proponer una nueva política minero-energética en los diálogos de paz de La Habana.

"En rechazo al saqueo de nuestros recursos naturales (...), se exige desde la Colombia rural (...) la construcción de un nuevo modelo minero-energético que beneficie a todos", dijo la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por Rodrigo Granda, uno de sus delegados en las conversaciones de paz.

"Son exigencias válidas de las comunidades (...) la concertación de un nuevo modelo de redistribución de las rentas petrolera (...); la moratoria minera que congele la adjudicación de títulos mineros, hasta cuando se garanticen condiciones de explotación minera benéficas para el conjunto de la sociedad", agregó la guerrilla, que negocia un acuerdo de paz con el gobierno desde noviembre de 2012.

Estas propuestas no tienen que ver con el actual tema de discusión en La Habana, las drogas ilícitas, sino con el primero de los seis puntos de la agenda de paz, el desarrollo rural, que fue consensuado por ambas partes en mayo de 2013.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla de ese país, pidieron el viernes al gobierno de Bogotá que acelere el inicio de la reforma rural, aunque ambas partes resolvieron al comienzo de las pláticas que "nada está acordado hasta que todo esté acordado".

"La minería no es una actividad de utilidad pública y de interés social (...). En ningún caso se deberán aprobar proyectos minero-energéticos de cualquier tipo, sin el requisito de la licencia social o la autorización y consulta de las comunidades que puedan verse afectadas", dijo Granda.

Colombia produce un millón de barriles de petróleo diarios y es gran productor de carbón. La minería representó el 2,3% del PIB colombiano en 2012, según el estatal Departamento de Estadísticas.

Granda también pidió "la suspensión de los megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y las comunidades".

Las dos delegaciones también consensuaron el tema de participación política en noviembre de 2013 y desde entonces discuten el punto de las drogas ilícitas, sin muchos avances, según fuentes de ambas partes.

Siguiendo su costumbre, la delegación del gobierno no formuló declaraciones a la prensa a su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de las pláticas de paz.