En el marco del foro Proceso de paz en La Habana que adelanta El Tiempo y la Universidad del Rosario, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez dijo que se establecieron 25 mínimos que delimitan el fin del conflicto armmado con las Farc, en dos sentencias dictadas por la Corte Constitucional.

 “No se trata de convertir esos mínimos en un obstáculo, es todo lo contrario. Es convertir la observación rigurosa de ese ordenamiento jurídico en la garantía para las Farc de que el acuerdo se cumplirá y en la base para que la sociedad lo respalde”, aclaró el Procurador.

Ordóñez destacó entre estos condicionamientos que las Farc deberán entregar su riqueza acumulada devenida por sus relaciones con el narcotráfico. “Sin entregar de sus dineros guardados no hay justicia transicional”, argumentó.

Tras un informe de la revista Forbes de Israel, que declaró a las Farc en el tercer lugar entre los grupos terroristas más ricos del mundo, Ordoñez señaló “que reparen con los dineros obtenidos ilícitamente”.

Sugirió también que además del viaje que realizó el presidente Juan Manuel Santos a Europa buscando recursos para el posconflicto, debió ir primero a La Habana para conseguir capital económico que se invirtiera explícitamente en la reparación a las víctimas.

"Como epílogo del viaje a Europa debieron pasar por La Habana y exigir a las Farc que reparen a las víctimas (…) Sin entrega de bienes, tierras despojadas, dinero guardado en caletas o circulando en el sistema financiero o que está en inversiones, no hay justicia transicional. Así de claro. Estamos tratando con el primer grupo económico del país”.

Frente a las penas carcelarias que les correspondería pagar a los líderes de las guerrillas informó que por sus actos ilícitos no pueden evitar la privación de su libertad, pues de lo contrario el país se expone a una intervención de la Corte Penal Internacional. “En materia de justicia existen unos límites que hay que respetar”.

Apoyado en las sentencias de la Corte Constitucional 579 y 577, el Procurador defendió que toda vez que existe evidencia de crímenes de lesa humanidad, los responsables deben ser investigados y procesados.

Finalizó criticando abiertamente al negociador del Gobierno del proceso de paz, Humberto De la Calle por proponer una discusión sobre el alcance del delito político.

"Preocupa que el Gobierno proponga rediscutir el alcance del delito político. ¿Se propone ahora rediscutir sentencias de la Corte Constitucional? Podría pensarse que lo que quieren hacer es sacar de ‘taquito’ la sentencia de la Corte”, manifestó el jefe del Ministerio Público.

Terminó enfatizando en que sólo cuando converjan críticos y partidarios en los acuerdo del proceso, se logrará instaurar una política de paz. “La convergencia en un Pacto para la Paz de críticos y partidarios de las conversaciones de La Habana será lo que convierta a la paz en una verdadera política de Estado”.