La guerrilla de las FARC apoyó la recomendación del Ministerio de Salud de suspender las fumigaciones de los cultivos ilícitos de marihuana, amapola y hoja de coca con glifosato, un pesticida sindicado por la OMS de ser "probable" agente cancerígeno.
"En el mundo entero ya es casi una decisión unánime que el glifosato es un veneno dañino, perjudicial para los seres humanos, para los cultivos, perjudicial para la gente humilde que trabaja en el campo", dijo a la prensa el comandante guerrillero Pablo Catatumbo, al comentar la polémica levantada por la recomendación del Ministerio de Salud.
La polémica sobre el uso de glifosato para fumigar cultivos ilícitos dividía al gobierno, luego de que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendiera su uso el martes un día después de que el Ministerio de Salud recomendara dejar de emplearlo.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, divulgó el lunes una carta que envió a las autoridades antinarcóticos colombianas para recomendarles cesar las aspersiones con glifosato, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificara en marzo a ese pesticida de "posible" o "probable" cancerígeno.
El procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, quien ha sido crítico del proceso de paz, pidió que sea convocado el Consejo Nacional de Estupefacientes para discutir este asunto, según informes de prensa.
Catatumbo dijo que "en ningún país del mundo, incluido Afganistán, que tiene una ocupación militar extranjera (occidental desde 2001), se admite el uso de glifosato (en los cultivos de amapola) por el daño que le causa no solo a su gente, sino al territorio".
La amapola es materia prima de la heroína, pero la compañía estadounidense Monsanto, que comercializa el glifosato, alega que este pesticida es seguro para la salud humana, según medios colombianos.
"Es apenas lógico que en Colombia se esté considerando la eliminación del uso de ese veneno que solo sirve para enriquecer más a la compañía Monsanto", expresó Catatumbo.
La suspensión del uso de glifosato es una vieja demanda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que están negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana desde noviembre de 2012 para poner fin a un conflicto armado de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y medio millón de desplazados.