Quedó regulado el funcionamiento de Familias en Acción, pasando de ser un programa institucional del Gobierno Nacional a una obligación del mismo en su aplicabilidad. Así lo contempla un proyecto de Ley radicado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Con esa aprobación se pretende evitar la desaparición del programa  como política pública, ante cualquier recesión económica que pueda surgir en Colombia, lo cual dejaría sin subsidio a miles de familias y sin éste mecanismo de protección a la población más vulnerable del país.

La importancia de garantizar la continuidad del programa Familias en Acción en el tiempo pretende hacer frente a la pobreza extrema, logrando la disminución de la deserción escolar y de la desnutrición infantil.

“Se asegurará a las familias beneficiarias la continuidad de los subsidios que se vienen otorgando desde el año 2000 a través del mismo, época desde la cual se ha reflejado un impacto positivo en las condiciones de vida de aquellas familias que se encuentran focalizadas en el nivel 1 del Sisbén”, puntualizó el representante Fernando Ochoa.

No solamente en la Cámara de Representantes se pidió que el programa Familias en Acción fuera política de Estado; también lo manifestaron en el Senado, y el que hizo esa petición a nombre del Partido de la U fue el senador Juan Lozano, tras un debate en la Comisión Séptima.

Cabe recordar que  Familias en Acción se puso en marcha en el gobierno de Andrés Pastrana con recursos del BID, el Banco Mundial y el Plan Colombia.

Se espera que esta iniciativa tenga el respaldo y el apoyo de las demás bancadas dentro de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.