La suerte del proyecto de ley que busca elevar el rango del programa social Familias en Acción, para que el programa institucional del Gobierno Nacional se convierta en una política de Estado en todo el territorio nacional, se define hoy cuando los congresistas de la Cámara voten el informe de conciliación de la iniciativa, que fue aprobado en primera instancia la semana pasada por la plenaria del Senado.

Una de los objetivos más importantes que persigue este proyecto, según su autor el senador Juan Lozano, es evitar la desaparición del programa como política pública ante cualquier recesión económica que pudiera surgir en el país y que dejaría sin subsidios a más de dos millones de personas.

“Hay más de dos millones y medio de familias que están recibiendo el beneficio y que no se pueden dejar al garete. El proyecto no puede quedar condicionado a la arbitrariedad o a la voluntad de cualquier ciudadano en el futuro de cualquier Gobierno, tiene que estar blindado en la ley a dos millones y medio de familias que están en el programa, tenemos que darles la certeza de que no los van a sacar del programa, ni les van a quitar los recursos, no van a dejar sus hijos sin nutrición, ni educación y no las van a presionar políticamente nunca para obtener beneficios del programa”, explicó el senador Juan Lozano.

Lozano además insistió en la necesidad de aprobar esta iniciativa al referirse a la antigüedad de Familias en Acción, que inició en el Gobierno de Andrés Pastrana con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Plan Colombia, que fue continuado en los dos periodos de presidencia de Álvaro Uribe y que también fue adoptado por el presidente Juan Manuel Santos como mecanismo de protección a las poblaciones más vulnerables y como estrategia para hacer frente a la pobreza extrema.

El proyecto busca que el programa se desarrolle bajo la directriz del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y reitera que la población con prelación para ser beneficiaría de Familias en Acción debe estar en situación de desplazamiento o ser familias indígenas, afrodescendientes o minorías étnicas, según los requisitos.

Otra de las iniciativas del proyecto busca crear una base de datos que sistematice y automatice toda la información correspondiente a las familias beneficiarias de todos los programas de transferencia monetaria, así mismo el Departamento Administrativo para la Prosperidad deberá publicitar las condiciones de acceso a Familias en Acción, así como los criterios de priorización y elegibilidad de los posibles beneficiarios.

De ser aprobada la iniciativa también se tendrá que realizar un esquema de seguimiento que se encargará de identificar las principales falencias del programa y de generar estrategias para superarlas.

Lozano recalcó que este es el programa social más grande del país y lo que se busca con la ley es formalizarlo y recordó que la iniciativa no depende de la oferta política, sino que independientemente de cualquier situación los colombianos que cumplan con los requisitos tienen asegurada su afiliación.

Uno de los representantes que mostró su respaldo a la iniciativa fue Fernando Ochoa del partido Apertura Liberal, quien considera que el impacto del programa social se ha evidenciado en la calidad de vida de muchos colombianos.

“Se asegurará a las familias beneficiarias la continuidad de los subsidios que se vienen otorgando desde el año 2000 a través del mismo, época desde la cual se ha reflejado un impacto positivo en las condiciones de vida de aquellas familias que se encuentran focalizadas en el nivel uno del Sisbén”.