Familiares de las miles de víctimas de la desaparición forzada en Colombia reclamaron  que el esperado proceso de paz en el país incluya también una reconstrucción que esclarezca el paradero de sus seres queridos.

En el Día Internacional del Desaparecido, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) expuso en una céntrica plaza de Bogotá la llamada 'galería de la memoria'.

Son más de 200 fotografías de líderes sindicales, estudiantes o defensores de los Derechos Humanos que se cree que desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad colombianas.

"Es una muestra de una realidad que viven las familias todos los días. La de un ser humano que dejó un vacío muy grande y al que seguimos esperando", explicó a la AFP Esperanza Merchán, secretaria de la asociación.

La oficina de Naciones Unidas en Colombia divulgó el año pasado que se han registrado más de 15.000 casos de desaparición forzada en las tres últimas décadas.

"Este acto es una manera de llamar la atención de la sociedad, que ha sido indiferente a nuestro dolor", subraya Merchán, cuyo esposo, el líder comunal Eduardo Ávila, fue secuestrado en esa misma plaza hace 19 años por hombres identificados como policías.

Merchán cree que las autoridades también los han sometido al olvido ya que "no hay ningún soldado o policía condenado por desaparición forzada".

En días en que Colombia mira con esperanza los contactos entre el gobierno y la guerrilla comunista de las FARC para negociar el fin del conflicto armado, los familiares de desaparecidos piden que el proceso tenga en cuenta su dolor.

"Estamos de acuerdo con una salida negociada pero para que haya paz tiene que haber justicia. Que nos digan la verdad, que estas muertes fueron una política de Estado", sostiene Luz Marina Hache, que busca a su compañero desde 1985.

"Nuestros familiares murieron por defender unos derechos sociales", recalca Merchán.

Pilar Navarrete tuvo que esperar 20 años para que se abriera un proceso judicial por el caso de su esposo, un mesero que se cree que fue raptado por soldados durante la recuperación del Palacio de Justicia tras el asalto de la guerrilla M-19 en 1985.

"Ya han habido dos condenas a altos mandos militares por las desapariciones durante el asalto al Palacio pero nosotros, 27 años después, seguimos sin saber qué sucedió con mi esposo", afirma Navarrete.

"A nosotros no se nos puede equiparar con las víctimas de las guerrillas u otros grupos", distingue Hache. "Somos víctimas del Estado, que debe ser el garante de la seguridad".