El Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno a consideración del Congreso da positivas señales de austeridad fiscal, lo cual ayudará a frenar los vientos de demérito que hoy enfrenta Colombia, respecto de los dos escalones que se tienen por encima del grado de inversión; pero, sin lugar a dudas, esa contracción del gasto tendrá un efecto negativo sobre el PIB-real a lo largo de 2018 y el año electoral tampoco ayudará por cuenta de la Ley de Garantías que congela buena parte del Presupuesto de inversión durante noviembre de 2017 - junio de 2018; y también ha resultado algo decepcionante la bajísima disponibilidad de recursos para el posconflicto, particularmente en los frentes de agroindustria y de infraestructura para vías secundarias y terciarias.

Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, cabe recordar que quienes han venido apoyando el proceso de paz desde el exterior siempre han insistido en que este solo será exitoso si se logran recursos adicionales para esos fines de agroindustria-infraestructura, pues es la única forma de contener la creciente amenaza del narcotráfico.

Hay que señalar cómo efectivamente, el gasto operativo del Gobierno Central mantiene su participación del 4% del PIB. No obstante, ello implica una expansión del gasto del 2% real por razones de indexación salarial y de concesiones que se han venido dando bajo la presión de los repetidos paros.

Algo similar ocurre con las transferencias, la partida más gruesa del Presupuesto 2018, que se mantienen cerca al 11,1% del PIB, pero crecen al 1,5% real.

Allí se observa, según ANIF, un marcado contraste: de una parte se tiene la expansión del gasto pensional a ritmos del 4,4% real; y, de otra parte, está la contracción del -3.5% real en las transferencias territoriales del Sistema General de Participación, SGP.

Si bien dicho SGP en principio debería incrementarse al ritmo de crecimiento promedio de los ingresos corrientes del Gobierno Central de los últimos cuatro años, cercano al 6% nominal anual, en esta ocasión se realizaron ajustes a la baja por $1,7 billones (0,2% del PIB). Ello se explica por discrepancias en pronósticos de inflación y recaudo de años anteriores y algunas reversas en los llamados “premios por crecimiento”.

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Correctivos en impuestos

El nuevo gobierno de 2018-2022 deberá moverse muy rápidamente, en sus primeros 100 días, a adoptar correctivos en el frente impositivo y, sobre-todo, drásticos ajustes estructurales en sus componentes de gasto, consideró ANIF.

El centro de estudios sostuvo que se debe enfrentar esta elevada indexación presupuestal y su deterioro en el componente de inversión será muy retador de cara a la era del posconflicto.

Para el centro de análisis económico el elemento más preocupante del Presupuesto para 2018 es la repetida contracción, por tercer año consecutivo, del componente de inversión, ahora cayendo un 20% real, al descender del 4.5% al 3.5% de PIB.

Tal como se ha venido remarcando desde 2015, estos presupuestos “tienen muy poco de inteligencia”, pues continúan recortando la inversión, ante la indexación presupuestal de los gastos operativos y de las transferencias, eso sí a ritmos del +2% real por año.

Sin ir muy lejos, los propios gastos de intereses de la deuda aparecen creciendo a ritmos del 3,9% real en este proyecto a consideración del Parlamento, y eso que probablemente la TRM figura algo subestimada en su promedio de $3.027/dólar en 2018.

Así, el déficit primario continúa estando en el plano negativo del -0.1% del PIB en 2018, cuando lo requerido para estabilizar la deuda del Gobierno Central en niveles del 45% del PIB sería un superávit cercano al +1% del PIB.