La oficina de la senadora Paloma Valencia comunicó que el día 5 de abril de 2016 presentó ante la Comisión Primera del Senado el debate sobre Falsos Testigos con los casos de  Diego Palacio, Sabas Pretelt, Santiago Uribe Vélez y Luis Alfredo Ramos.

 

“Quiero presentar lo que hemos llamado la persecución política contra el uribismo, basado en varios testigos con impresionantes consecuencias”, indica la Senadora. Con grabaciones y videos se puede verificar que las decisiones que llevan a condenas y capturas de los anteriormente mencionados son basadas en falsos testigos y decisiones de carácter político.

 

Se mostraron inconsistencias sobre testimonios como por ejemplo el de Yidis Medina en grabaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En video, en su primera declaración dos meses después de la elección presidencial indica que Diego Palacio no le ofreció cargos. Así mismo, en el caso de Sabas Pretelt se presentan grabaciones en el juicio ante la Sala Penal y en la Procuraduría donde ella reitera que el Ministro no le hizo ofrecimientos.

 

“Yidis Medina recibió beneficios de la justicia después de estar acusada de extorsión por implicar en un cohecho (dar y recibir) a los ministros uribistas, sin embargo la Corte Suprema le negó a los ministros la posibilidad de defenderse en él”, sostuvo la Senadora.

 

Por su lado el ministro de Justicia, Yesid Reyes, planteó la posibilidad de presentar un proyecto de ley que incluya una modificación al Código de Procedimiento Penal para combatir el problema que generan los falsos testigos en los procesos judiciales.

 

“Es necesario capacitar mejor a los estudiantes de derecho para que sepan cómo evaluar una prueba y a los funcionarios judiciales para que sepan hacerlo de otra manera”, aseguró Reyes durante un debate de control político sobre falsos testigos en la Comisión Primera del Senado de la República.

 

El ministro aclaró que “los testimonios no deben ser los únicos ni los más importantes medios de prueba en un proceso judicial”.

 

La modificación propuesta implicaría obligaciones para los funcionarios judiciales con el objetivo de que acudan a otros elementos de prueba que corroboren las afirmaciones de aquellos testigos que busquen beneficios como rebajas de penas o tratamiento alternativo.

 

A juicio de Reyes, el vacío que existe en la ley colombiana para regular la valoración de los testimonios dentro de un proceso judicial no se soluciona con el aumento de la pena para quienes incurren en delitos relacionados con esta conducta.

 

En su intervención, el Ministro calificó de “preocupantes” los casos judiciales en los que se han presentado falsos testigos ya que, dijo, es un delito que “termina afectando la vida de las personas y de sus familias”.