La política del Ministerio de Defensa para prevenir los casos de homicidio en persona protegida u homicidio agravado en los que pudieran estar involucrados miembros de las Fuerzas Armadas ha logrado reducir las denuncias en un 98 por ciento desde el año 2006 a la fecha.

Según el Viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Jorge Bedoya, en lo va de este año el Ministerio de Defensa no tiene ningún reporte de organismos oficiales sobre denuncias de este delito y en el año pasado (2011) solo se conocieron 2 denuncias.

Bedoya destacó las acciones que ha implementado el Ministerio de Defensa para prevenir estos casos como la adopción de las 15 medidas contra la impunidad, los asesores operacionales, el modelo único pedagógico y el trabajo de las inspecciones de cada una de las Fuerzas cuando se presentan denuncias.

“Este año, a la fecha, no ha existido ni una sola denuncia lo que significa que el comportamiento de los miembros de la Fuerza Pública es cada vez mejor y ajustado a la Constitución y la ley”, señaló el Viceministro.

Resaltó que se haya incrementado en el año 2010 la transferencia de investigaciones por este delito de la Justicia Penal Militar a la ordinaria pasando de 140 casos en 2010 a 249 investigaciones en 2011.

Igualmente la justicia ordinaria devolvió a la Justicia Penal Militar en 2011 un total de 81 investigaciones por estas denuncias, por considerar que no tenía la connotación de ejecución extrajudicial.

El informe señala que entre 2010 y 2011 se incrementó en un 30 por ciento el número de miembros de la Fuerza Pública sentenciados en estas investigaciones, pasando de 112 casos a 160. En total 441 uniformados han recibido sentencias.

“Estas cifras le pueden dar a los colombianos la tranquilidad de que el gobierno y la Fuerza Pública están haciendo todo lo posible para que estos casos nunca más se vuelvan a presentar y de que la justicia está haciendo su trabajo”, concluyó el Viceministro Bedoya.

El Ministerio de Defensa mantiene su preocupación por el tema, por lo que tan pronto se conoció el informe de la ONU sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia en 2011 el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, dirigió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitando que se precisara la información con relación a los presuntos casos acontecidos en Arauca, Cauca, Bogotá, y Cesar, que en el informe se califican como “ejecuciones extrajudiciales”.