Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario solicitó a los magistrados del Tribunal de Cundinamarca mantener la decisión de primera instancia que negó la solicitud de la defensa para practicar nuevamente las pruebas dentro del juicio oral que se adelanta en contra de 21 militares implicados en las presuntas ejecuciones extrajudiciales de cinco jóvenes que habrían sido llevados desde Soacha (Cundinamarca) hasta Ocaña (Santander) para ser presentados como muertos en combate.

Para la fiscal del caso la decisión en primera instancia no afecta en ningún sentido los derechos de los procesados.

En el mismo sentido explicó que los principios de concentración y de inmediación, tal como lo expuso en su fallo inicial el juez del caso, no tienen peso fuerte en proceso y debe ceder ante otros principios de mayor peso que tienen las víctimas, los testigos y los mismos procesados y que están  contemplados en el derecho internacional humanitario como son los de acceso pronto a la justicia y a la celeridad.

Al tiempo recordó que lo que se busca es resolverle a los procesados una situación de vida, pues estos se encuentran imputados desde hace cuatro años encontrándose en situación de inestabilidad laboral y familiar tal como la defensa lo ha hecho saber. Por ello no incurrir en más dilaciones injustificadas permitiría un acceso pronto a la justicia.

En este caso la Fiscalía concluyó la presentación de pruebas sobre la presunta responsabilidad de los militares implicados en lo que se conoce como falsos positivos. Por su parte, los defensores ya habían iniciado lo propio, sin embargo, ante el cambio del juez del caso, la bancada de la defensa solicitó que se reiniciara toda la etapa probatoria, solicitud que fue negada y motivo por el cual se interpuso el recurso de apelación.