Denuncias por el no pago de las rentas o del valor de la venta de los vehículos a los pequeños transportadores por parte de los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte (SITP) llevaron a que la Personería de Bogotá le hiciera un llamado a la Administración para que disponga de una solución.

Según la Personería, los retrasos en sacar de circulación los buses del sistema tradicional, sumados a los problemas financieros de algunos operadores del SITP y a la falta de integración de tarjetas de pago, junto a la presunta indebida utilización de los recursos de los fondos y un sinnúmero de problemáticas del sistema, no sólo están afectando a los usuarios, sino también a los pequeños propietarios que entregaron sus vehículos para ser retirados de circulación.

De hecho, en el nuevo esquema del SITP los propietarios de los más de quince mil vehículos del antiguo sistema de transporte Público Colectivo (TPC) deben entregar sus buses a los nuevos operadores, bien sea bajo la modalidad de venta o renta a 24 años.

Se evidenció que, como condición para el inicio del pago de renta fija mensual, se está exigiendo a los pequeños propietarios la suscripción de “acuerdos” que contienen cláusulas que desconocen las condiciones inicialmente pactadas, aceptación de descuentos por varios millones de pesos del valor acordado y estipulaciones que contemplan una transacción con efectos de cosa juzgada, y declaran a las partes mutuamente a paz y salvo, renunciando a cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial.

Las quejas recibidas provienen, en su gran mayoría, de personas cuyo sustento depende del servicio que presta su vehículo y que, no obstante haberlo entregado hace más de tres meses al operador, no han recibido remuneración alguna. Esta situación podría estar generando que el operador se quede con recursos que contractualmente pertenecen a los propietarios de los vehículos.

En atención a estas denuncias, la Personería de Bogotá puso en conocimiento de Transmilenio las presuntas irregularidades que se vienen presentando y lo requirió para que en su calidad de ente gestor del sistema adopte las medidas necesarias para proteger a los pequeños propietarios y exija el cumplimiento de las condiciones pactadas con los operadores, atendiendo al principio de democratización y a la sostenibilidad de propietarios.

En respuesta a la intervención de la Personería, Transmilenio precisó, a través de un comunicado, que “el pago de la renta a los propietarios vinculados se debe realizar desde la entrega material del vehículo hasta el final de la concesión” y que “no está condicionado a su traspaso o a otros trámites establecidos por el operador”.

“El operador debe garantizar el pago de 288 rentas correspondientes a los 24 años de plazo del contrato de concesión”, agregó Transmilenio, anotando que “dicho valor se debe ajustar anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor”.

En cuanto a “los descuentos a los valores de renta o de venta”, Transmilenio aclaró que estos “sólo proceden, previo acuerdo expreso y realización de un peritazgo técnico, en un Centro de Diagnóstico Autorizado habilitado por el Ministerio de Transporte que determine el estado del vehículo al momento del acuerdo y de la entrega material del mismo, y sólo en el evento de existir diferencias no generadas por el uso normal del vehículo”.

En medio de estas circunstancias, la Personería de Bogotá anunció que hará un seguimiento estricto a la supervisión que ejerza Transmilenio con respecto al cumplimiento de las obligaciones de los operadores frente a los propietarios y estará atenta a recibir las denuncias frente a estas presuntas irregularidades.