Amparando el derecho fundamental de la salud, el Tribunal Superior de Cartagena ordenó a la E.P.S del Régimen Subsidiado  Mutual Ser prestarle a la adolescente y a su hijo por nacer, todos los servicios médicos especializados que requieran en una institución de salud de alta complejidad.

La decisión de la Sala Especializada cobija a una menor de edad del municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar), quien fue afectada por la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Asimismo, el tribunal le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar desplegar las diligencias que sean necesarias, a efectos de ejercer un especial seguimiento al caso de la adolescente para verificar las denuncias sobre los efectos adversos que podría tener la vacunación contra el VPH.

Además se solicitó, como medida preventiva especial, que se ordenara a las entidades de salud suspender la aplicación de la vacuna a la menor afectada, hasta que se verifique el cumplimiento de los protocolos y otros procedimientos que garanticen el control epidemiológico adecuado para los eventos atribuibles a la vacunación, el suplicio fue hecho por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social.

Inmediatamente se dieron a conocer las medidas emitidas por el Tribunal Superior de Cartagena, este organismo de control requirió mediante oficios a la E.P.S. del Régimen Subsidiado Mutual Ser, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Secretaría de Salud de Bolívar, para que cumplan con la orden impartida respecto del traslado de la adolescente a una institución de alta complejidad. 

Las medidas se imputan luego de la visita el pasado 29 de septiembre del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien estuvo en el municipio del Carmen de Bolívar con el propósito de conocer directamente la situación de las niñas y adolescentes que han reportado posibles efectos adversos de la vacunación. Desde allí manifestó que no permitirá que se estigmatice a las pacientes ni a sus familias, y anunció que solicitaría informes científicos internacionales de casos similares a esta problemática de salud pública y social. 

La Procuraduría General de la Nación reitera que no se cesará su gestión tanto preventiva como de intervención para que se investiguen las causas de los hechos reportados, y para que las autoridades responsables adelanten oportunamente las gestiones de su competencia para que se garantice la salud integral de las niñas y adolescentes al parecer afectadas por la aplicación de la vacuna contra el VPH.