Herramientas que  permitan facilitar el sometimiento a la justicia de los integrantes de las bandas criminales al servicio del narcotráfico, más conocidas como Bacrim, se contemplan dentro del proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal que ayer fue radicado en el Congreso.

El objetivo de la iniciativa es resolver las distintas problemáticas que se han presentado en el Sistema Penal Acusatorio y atacar de manera efectiva las formas de criminalidad que más afectan a los ciudadanos.

La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, fueron las entidades encargadas de radicar el proyecto.

El ente acusador venía trabajando de manera articulada por el Ministerio de Justicia desde hace más de dos años, en la elaboración de la iniciativa.

El proyecto, además contempla la figura del Fiscal Negociador y la posibilidad de autorizar la localización en zonas determinadas de quienes se sometan a la justicia a efectos de realizar audiencias colectivas, entre otras.

En la actualidad, la Fiscalía registra más de un millón ochocientas mil (1’800.000) investigaciones activas, lo que se traduce en una enorme carga para el sistema judicial colombiano.

Según la Fiscalía, el diagnóstico efectuado sobre la realización de audiencias, indica que únicamente se celebra aproximadamente el 55% de las diligencias solicitadas, eso significa que se han aplazado más de 350.000 audiencias en los últimos cuatro años.

En materia de conductas querellables, desde el 2006 la Fiscalía ha recibido más de 3.135.899 denuncias solo tomando en cuenta aquellas conductas penales más representativas.

Esto se traduce en una administración de justicia que no responde adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos, lo que afecta la percepción de seguridad de las personas. Es por ello que resulta importante tener un sistema judicial eficiente, para así poder lograr reducir los índices de criminalidad que afectan a los colombianos.

La reforma que se ha emprendido conjuntamente entre Ministerio de Justicia y Fiscalía propone los siguientes cambios para solucionar los problemas mencionados.

Principio de oportunidad

La reforma se centra en eliminar y unificar causales para ampliar su margen de utilización, con el objetivo de dotar a las autoridades judiciales de elementos eficaces para desarticular bandas criminales y garantizar los derechos de las víctimas.

El proyecto permite la aplicación de principio de oportunidad sobre delitos que afectan gravemente la seguridad ciudadana, como secuestro, extorsión y algunas modalidades de narcotráfico, con el fin de lograr una efectiva colaboración con la justicia y facilitar la completa desarticulación de organizaciones delincuenciales.

Además se crea una nueva causal de principio de oportunidad cuya finalidad es permitir la suspensión del proceso para llegar a un acuerdo de aceptación de responsabilidad entre la Fiscalía y el investigado.

Según la iniciativa presentada por el ente investigador en relación con los preacuerdos y las aceptaciones de cargos, se amplían las modalidades y etapas procesales para realizarlos, logrando sentencias condenatorias más rápidas. Adicionalmente, se incorporan las figuras de beneficios por colaboración e indemnización integral en favor de las víctimas.

Imputación

Se propone simplificar el acto de comunicación en un escrito del cual se derivan las mismas garantías procesales que hoy se desprenden de la audiencia de imputación.

Pruebas

La iniciativa crea un nuevo tipo de prueba que permite analizar en conjunto los aspectos esenciales de orden geográfico, político, económico, y social, entre otros, en los cuales se han perpetrado delitos. Esto permitirá entender mejor el modus operandi de la criminalidad organizada haciendo que las investigaciones sean más efectivas.

Reparación integral

Según la fiscalía y el Ministerio de Justicia esta es una de las debilidades que se ha encontrado, por eso el proyecto propone trasladar las peticiones de indemnización económica a jueces expertos en temas de reparación. Ello refuerza la protección a las víctimas, por cuanto podrán obtener su indemnización económica de manera más pronta.

Procedimiento abreviado

Se implementó un procedimiento abreviado para todos los delitos querellables que serántratados como contravenciones. En el marco de este procedimiento es posible, si la víctima así lo quiere, acudir a un acusador privado que ejerza la acción penal. 

Se establece también la creación de un procedimiento especial para el sometimiento de organizaciones criminales.  Se crea la figura del Fiscal Negociador con inmunidad para llevar a cabo acercamientos que terminen con el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. Se autoriza la localización en zonas determinadas de aquellos integrantes de organizaciones que se sometan a la justicia a efectos de realizar audiencias colectivas.

Este procedimiento será muy importante para lograr una consolidación de la paz, sobre todo en las regiones, en el posconflicto. Es importante mencionar que no se trata de una forma de justicia transicional, ya que no se podrán otorgar beneficios distintos a los que consagra actualmente el Código de Procedimiento Penal para los casos individuales.