“Creo que el balance es satisfactorio, no veo exactamente la justificación de ese proyecto, pero debo evaluarlo (…) La Procuraduría cree que la extradición es un instrumento eficaz que ha dado frutos que el país reconoce en orden a combatir el narcotráfico”, dijo este jueves el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al ser preguntado por periodistas sobre el proyecto de ley presentado en el Congreso de la República y que pretende evitar futuras extradiciones a los Estados Unidos de guerrilleros de las FARC responsables del tráfico de drogas.
Igualmente, el jefe del Ministerio Público explicó los motivos del ente de control para presentar un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia ante la decisión de absolver de responsabilidad por el crimen de reclutamiento de menores a los cabecillas de esa organización ilegal alias “Timochenko” y alias “Iván Márquez”.
“Creemos que hay elementos probatorios nuevos que permiten modificar la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entonces nosotros le estamos aportando esas consideraciones e insumos probatorios para que la Corte nuevamente estudie dicha decisión”, puntualizó.
Ante las tentativas de repatriación del cabecilla guerrillero alias ‘Simón Trinidad’, condenado por el sistema de justicia de los Estados Unidos y en la actualidad encarcelado en ese país, el jefe del órgano de control recordó que “hay obstáculos de diverso orden, es un debate que desde hace rato se está dando, pero hay una serie de limitaciones, incluso algunas no dependen del Estado colombiano”.
Finalmente, el jefe del Ministerio Público se pronunció a propósito de las intenciones de algunos sectores políticos para descartar el Marco Jurídico para la Paz como herramienta reguladora de posibles acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional.
“El Marco Jurídico para la Paz es un instrumento ya discutido internamente, tiene dos decisiones de constitucionalidad y coloca límites a la impunidad porque no permite la suspensión total de la ejecución de las condenas, es decir, exige penas privativas de la libertad y señala aspectos límites a la participación política”, explicó.
Las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado se dieron en desarrollo de la presentación de los resultados del Índice de Gobierno Abierto, herramienta preventiva de seguimiento a estrategias anticorrupción, que se realizó este jueves en la sede central de la Procuraduría General de la Nación con la participación de autoridades nacionales y territoriales.