“Conducir embriagado es inaceptable, eso no puede seguir sucediendo, no es posible que se siga aumentando el riesgo que supone la actividad de conducir por hacerlo, además, embriagado”, con estas palabras la Ministra de Justicia, explicó que la propuesta establece drásticas sanciones pecuniarias para los infractores.

De acuerdo con las directrices impartidas por el Presidente Juan Manuel Santos, la Ministra explicó que la iniciativa que será presentada al Congreso establece no solamente retener el vehículo por un tiempo prolongado sino, incluso, la extinción del dominio.

“Son medidas que realmente se sienten, son medidas que seguramente van a influenciar a los ciudadanos para que al momento de salir a tomarse unos tragos piensen dos veces antes de conducir un vehículo”, recalcó la Ministra.

Además, sostuvo que en el caso en que el Estado aplique estas medidas  el vehículo pasará a alguna entidad de beneficio público o será monetizado de manera inmediata con el fin de que los recursos sean destinados, precisamente, a la lucha contra el delito.

Así mismo, se estudia incrementar el valor de la póliza de seguro para amparar los daños que se pueden causar con unvehículo,  “esa garantía deberá ser afectada en relación con la persona que haya sido capturada embriagada, de tal manera que cuando compre otro vehículo, la garantía de la responsabilidad se vea incrementada por el antecedente, en la prima de seguro”,señaló.

Correa Palacio advirtió que la ciudadanía no tiene porqué someterse a este tipo de riesgos y que a la luz de los recientes hechos también se están evaluando modificaciones importantes que prohíban, por ejemplo, la prisión domiciliaria. “Son asuntos que deben analizarse a la luz de una política criminal coherente y racional. Estamos evaluando todas las posibilidades; presentaremos e impulsaremos las iniciativas que más le convengan al país sobre esta materia”, indicó.

Al referirse a los casos de conocimiento público la Ministra precisó que “la decisión de llevar o no a la cárcel a los conductores ebrios corresponde a la autonomía del juez al momento de aplicar la ley, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de las pruebas que le son puestas a su consideración por parte de la Fiscalía”. Insistió en que “seguramente hay circunstancias distintas y especificidades de cada proceso que llevan a un juez a conceder la prisión domiciliaria y a otros a denegarla”.