La Corte Suprema le ordenó a la Fiscalía iniciar el proceso al excongresista condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en el llamado ‘carrusel de la contratación’.

En el fallo judicial explica que con el fin de ubicar los bienes"que sean producto de la conducta delictiva de enriquecimiento ilícito" del exrepresentante a la Cámara por Bogotá, el proceso tendrá que ser adelantado por la Unidad de extinción de derecho de dominio de la Fiscalía General.

En las decisiones del fallo se le impone una multa a Olano de 610 millones de pesos más 105 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así como la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 100 meses, sin embargo el excongresista es investigado todavía por el delito de celebración de contratos sin los cumplimientos de los requisitos legales.