Por tres meses fue extendida la medida cautelar de suspensión provisional al Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz Muñoz, por la Procuraduría General de la Nación.
La decisión de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal hace parte de la investigación contra Muñoz Muñoz por permitir y/o autorizar el inicio de operaciones a Medimás, sin que contara con una red de prestadores de servicio en el país y por no haber iniciado procedimientos en contra de la EPS, ante las reiteradas denuncias de incumplimiento que hubieran podido dar lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento.
Para la entidad existen fundadas y acreditadas razones para señalar que el reintegro del Superintendente de Salud “puede conllevar la reiteración de la falta investigada, pues en la valoración probatoria en lo que respecta a la medida preventiva se observa que el investigado no hizo uso de las medidas administrativas que estaban a su alcance para evitar la vulneración al derecho a la salud de la población afiliada a Medimás EPS S.A.S”.
En la fase inicial del proceso la Procuraduría pudo establecer que a la Superintendencia de Salud llegaron más de 15.000 quejas, peticiones, reclamos y solicitudes sobre las deficiencias en la prestación del servicio por parte de la empresa promotora de salud Medimás S.A.S., sin que se hubieran tomado acciones o se hubiera acogido la solicitud del ente de control de intervención forzosa administrativa de la EPS. La prórroga de la medida cautelar le será notificada al Presidente Juan Manuel Santos.
En octubre
Cabe señalar que la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria el 17 de octubre de 2017 contra Muñoz Muñoz por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, al permitir y/o autorizar el inicio de las operaciones de Medimás EPS, el 1 de agosto de 2017, sin que contara con una red que soportara adecuadamente el servicio en el país, incumpliendo con los requisitos para la autorización de su funcionamiento o habilitación.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal también investiga por qué a pesar de la existencia de incumplimientos en la prestación de los servicios de salud, deficiencias que daban lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento por parte de la Supersalud; la entidad de control no ha iniciado los procedimientos correspondientes.
El pasado 11 de octubre la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente presentó el informe que puso fin al proceso preventivo en el caso de Medimás, donde se advierten las irregularidades encontradas y la necesidad de la prestación de los servicios de salud en condiciones de acceso real y oportuno, de manera eficaz, eficiente y con calidad.
Como parte de esta investigación, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, oficiar a la Supersalud la entrega de copia de los procedimientos administrativos contra Medimás EPS, por los incumplimientos en la prestación del servicio de salud.
Frente a la acción que esta misma cartera tomó contra Muñoz, por dar aval a la operación de la EPS Medimás sin contar con una red prestadora que garantizará los servicios de salud a los afiliados, Alejandro Gaviria expresó en su momento un planteamiento que suscitó polémica: “Más allá de la investigación disciplinaria, más allá de los señalamientos, que no resuelven el problema, nuestra responsabilidad es garantizar que la EPS Medimás termine de consolidar la red de atención y fortalezca sus mecanismos de gobierno”, e invitó a la Procuraduría para cumplir ese propósito.