La proliferación del delito ambiental en Latinoamérica ha llevado al continente a una crisis. Por ejemplo, en Colombia casi el 70 por ciento de los departamentos está afectado por la explotación ilícita e inadecuada de oro.

Durante el V Congreso Latinoamericano de Fiscalías y Ministerios Públicos y el I Congreso Colombiano de Fiscales Ambientales, que se realizan en el Hotel Tequendama de Bogotá, los participantes aseguraron que la problemática que se vive en el subcontinente es tan alta que las legislaciones se van fortaleciendo y sin embargo esto no es suficiente para resolver la situación.

En Colombia, explicó Gloria Elsa Arias, jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, de los 32 departamentos en que se haya dividido el país, 22 de ellos están seriamente afectados por problemas medioambientales y jurídicopenales surgidos de las explotaciones ilegales de minería.

Si bien es cierto que en este rubro se destacan las explotaciones ilegales de oro, existen otros materiales que, por la forma como están siendo desarrollados, conllevan grandes problemas ambientales y, en consecuencia, de ahí surgen conductas tipificadas por el código penal.

Actualmente en el país, la Fiscalía adelanta 6000 investigaciones por minería ilegal gracias a la aplicación de la priorización de casos, paradigma que se está empleando novedosamente en Colombia para esclarecer los delitos cometidos en el país. Esa situación ha producido, al lado de los propios delitos ambientales, desplazamientos forzados, homicidios, trabajo infantil y otras conductas ilícitas nacidas de la explotación de oro.

La razón, dice Arias, es que no hay normas fuertes que permitan atacar el problema, pues “no hay que investigar solo la mina, porque la problemática es social. En ese negocio hay desplazamiento y a los que se quedan en la zona los matan. Hay trabajo infantil y hasta prostitución”.

Pero la problemática atraviesa a todo el continente. Va desde el norte hasta la zona austral de La Patagonia. Precisamente, Blas Matías  Michienzi, fiscal ambiental de Buenos Aires, dijo que Argentina es uno de los primeros países latinoamericanos con potencial para la explotación minera, que se ha incrementado desde que se dieron los procesos de descentralización y privatización de los recursos naturales en los años 90. Esto ha provocado problemas jurídicos de manejo de los asuntos ambientales.

Anteriormente, la explotación la realizaban los diferentes estados federales. Por tal motivo y para proteger el potencial de los recursos, en el año 2010 se produjo una ley que busca proteger el medio ambiente argentino. Para el funcionario, de esta manera se dará protección especial a recursos muy particulares del país como los glaciares.

Así, la ley permite ahora conocer con precisión en qué estado se encuentran los recursos naturales, con énfasis en saber cuál es el compromiso que genera la explotación de los mismos y de este modo las empresas podrán sentir de una forma eficiente el control estatal.

En el mismo sentido se pronunció el fiscal del Estado de Minas Gerais, de Brasil, Marcos Paulo de S. Miranda, quien señaló que en un país de la vastedad de recursos naturales que tiene el gigante suramericano, el énfasis se ha dado en la recuperación de las áreas que los hombres han impactado por la minería.

Han aparecido continuamente planes de recuperación de las áreas que han sufrido el impacto de  problemas como minería ilegal e incluso de explotaciones autorizadas, pues se sabe que cualquier actividad realizada en este campo conlleva consecuencias que se deben evitar.

La problemática de Perú se acerca mucho más a la de Colombia. Allí, el impacto social es tan grande como el ambiental, de los 220 conflictos detectados que se relacionan en este país con la industria ilícita del oro, 108 corresponden a minería ilegal, una industria que en esta nación provee alimentos a las familias de unas cien mil personas dedicadas a ella.

Sin embargo, las autoridades de Perú, país con 30 millones de habitantes, están facultadas por la legislación para destruir las máquinas que se emplean en la minería ilegal. Además, existe una fuerte fiscalización del transporte de los productos químicos que se emplean en las minas, especialmente en las explotaciones auríferas.

En las investigaciones realizadas por las autoridades judiciales de Perú, se encontró que hay 145 casos en los cuales los problemas jurídicos surgidos por la simple explotación ilegal de oro trascendieron la esfera medioambiental y provocaron grandes traumas sociales que tienen su evidencia en incrementos notables de los índices de desnutrición en las zonas afectadas, prostitución, intoxicación de las personas y animales y el uso de mano de obra infantil para labores, no solo de minería sino en la aplicación de otros servicios.

En conclusión, en este panel, se pudo conocer que el delito de la minería ilegal es un problema global en Suramérica, que además tiene un impacto social muy grande sobre las poblaciones que habitan las zonas enriquecidas de minerales explotables.