Frente a la condena de pérdida de investidura decretada por el Consejo de Estado en contra de Édgar Alexander Cipriano, representante a la Cámara por el departamento del Guainía, por tráfico de influencias, el Partido Alianza Social Independiente (ASI) aclaró que esta persona fue postulada “por las comunidades y autoridades indígenas del departamento del Guainía y por esta razón fue considerado para estudiar su hoja de vida como candidato a la Cámara de Representantes en ese departamento”.

Añadió la colectividad que para entregarles el aval a las elecciones parlamentarias de 2014 en las que resultó elegido “se le realizó el estudio de hoja de vida además de sus antecedentes penales, fiscales y disciplinarios. También se sometió a escrutinio por parte del Ministerio del Interior en la Ventanilla Única, y en ninguno de los procesos apareció con inconveniente, condena o sanción que hiciera inferir que no era idóneo para otorgar el aval”.

Agregó la ASI que “en el momento que conocimos de algún tipo de irregularidad, el partido abrió investigación disciplinaria en contra del señor Cipriano, por parte del Tribunal Disciplinario y de Ética, de manera oportuna y con gran firmeza se radicó ante la Mesa Directiva del Congreso de la República la decisión de suspender el derecho a voz, el día 25 de julio de 2016”.

Dice la ASI también que “hay que dejar claros los límites y competencias, las cuales no podemos exceder; por el contrario, nuestras actuaciones siempre tienen que sujetarse al debido proceso y a las garantías del derecho a la defensa y demás preceptos constitucionales. Reiteramos que nuestras acciones siempre han sido de rechazo a cualquier tipo de conducta que atente contra la transparencia, la honestidad y la moralidad pública además de rechazar enfáticamente las actuaciones que se alejen de nuestros postulados y principios”.

La decisión del alto Tribunal se produjo tras comprobar que el ahora exparlamentario incurrió en tráfico de influencias al pedir dinero a cambio de tramitar nombramientos ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el SENA y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Consejo de Estado señaló en la providencia que “en este caso quedó debidamente probado que el señor Cipriano Moreno no actuó conforme con la dignidad de su cargo, al pedir dinero a cambio de gestionar el nombramiento de esas personas en unos cargos públicos”.