En la sesión de socialización e intercambio de información relacionada con la iniciativa “Conpes para la Política Legal en la Rama Ejecutiva”, que reúne a representantes de diversas entidades oficiales, la titular de la cartera de Justicia, Ruth Stella Correa, señaló que el Gobierno está empeñado en procurar que exista certeza sobre la vigencia de las leyes y que las nuevas establezcan de manera expresa las disposiciones que sustituyen.

Señaló que a los colombianos se les dificulta acatar y cumplir el ordenamiento jurídico debido al “enorme número de leyes existentes y la falta de claridad sobre su vigencia”. Según la Ministra, lo anterior se debe, en buena medida, a la llegada continua de nuevas normas al ordenamiento jurídico, generalmente para solucionar problemas coyunturales, en perjuicio de la estabilidad y la seguridad jurídica. Y fue más allá: “si la seguridad jurídica es una de las garantías más importantes sobre las que descansa la esencia y, por qué no, la justificación misma del derecho, la inflación normativa es precisamente una de sus grandes amenazas, especialmente en el marco de un ordenamiento jurídico global en continuo crecimiento."

Además, reconoció que es imposible contar con un ordenamiento jurídico perfecto, pero consideró viable tener una política de producción normativa mucho más clara para “potenciar de mejor manera la confianza en nuestro sistema. Podemos superar los niveles de incertidumbre que se presentan ante los vacíos legales en temas fundamentales y, de paso, hacer leyes de mejor calidad que mejoren la confianza en nuestro ordenamiento jurídico”.

En esta labor, la Ministra destacó el papel protagónico de la Rama Ejecutiva como máximo productor de normas (en ejercicio de su facultad reglamentaria) y receptor de primera línea de los problemas que acarrean las dinámicas sociales. Por ello, resaltó que el documento “Conpes en materia de Política Legal” sentará las bases para adelantar un trabajo coordinado entre diferentes entidades y sectores productores de normas.