El Marco para la Paz pasará a la historia como una de las leyes que más polémica ha causado, no solamente por la ardua discusión que significó su trámite en el Congreso sino ahora que está a la espera de que la Corte Constitucional defina una demanda de inexequibilidad contra algunas de sus expresiones. Esta norma se constituye en la principal herramienta con que cuenta el Gobierno nacional para concretar un proceso de paz con las Farc, diálogos que se reiniciarán el próximo martes en La Habana, luego de siete ciclos anteriores. 

El Acto Legislativo 01 de 2012 (Marco para la Paz) fue el producto de un proyecto que presentó al Congreso el senador Roy Barreras (Partido Social de Unidad Nacional –La U) con el objetivo de entregar una herramienta al Presidente de la República para que en caso de que se dieran las condiciones de un acuerdo de paz con las guerrillas, posibilitar una desmovilización masiva en el marco del concepto de justicia transicional, es decir, que sus principales cabecillas recibirían beneficios penales a cambio no solo del dejamiento de armas sino también de satisfacer los derechos de las víctimas en materia de verdad y reparación.

Sin embargo, la iniciativa tanto durante su discusión en el Congreso como ahora que está en manos de la Corte, produce temores en algunos sectores, principalmente de que lleve a la impunidad frente a los cientos de delitos que han cometido las guerrillas durante más de 50 años de su accionar, muchos ellos calificados de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Así lo manifestó, por ejemplo, la ONG internacional Human Rights Watch, en mayo del año pasado, al punto que el propio Barreras se trasladó a Washington para reunirse con el director para las Américas de dicha organización, José Vivanco, y escuchar sus puntos de vista. 

Ordóñez

A principios de este mes el procurador Alejandro Ordóñez entregó a la Corte Constitucional un concepto que por ley le corresponde en cuanto a la demanda al Marco para la Paz, dándole razón en el mismo a los cuestionamientos que el demandante, el colectivo José Alvear Restrepo hace a varios artículos de esta norma.

El Jefe del Ministerio Público solicitó al alto Tribunal declarar  inexequibles las expresiones “máximos”, cometidas “de manera sistemática” y “todos”, criterios de selección establecidos en el artículo 1 del acto legislativo denominado “Marco Jurídico para la Paz”.

Con dicho Acto Legislativo lo que pretenden es que en un futuro una ley estatutaria pueda autorizar que se renuncie a investigar y adelantar la persecución judicial penal de “todos” los casos en donde se entienda que los “crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra” no fueron cometidos por sus “máximos” responsables o no fueron cometidos “de manera sistemática”, señala la Procuraduría.

El jefe del Ministerio Público fundamentó dicha solicitud explicando que los criterios de selección demandados suponen una sustitución de la Constitución en tanto que, principalmente, vulneran el bloque de constitucionalidad, dado que violan compromisos internacionales adquiridos por Colombia respecto de la investigación y sanción de los señalados delitos, es decir, los delitos que son considerados como crímenes internacionales.

Montealegre

Contrario a la postura del procurador Ordóñez, el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, le dio pleno respaldo al Marco para la Paz y se muestra confiado en que la Corte lo declare exequible en toda su extensión, pues de lo contrario sería “una herida de muerte para el proceso de paz”.

El enfrentamiento del Procurador y el Fiscal por cuenta del Marco para la Paz, ahondado por las críticas de Montealegre porque Ordóñez no se hizo presente en la marcha por la paz en la semana anterior, causó desconcierto en el país, al punto que muchos hoy piensan que se va a firmar la paz con las Farc a cualquier costo.

Montealegre dijo que “no va a haber impunidad, lo que pasa es que el Procurador tiene una concepción de la justicia penal propia del idealismo alemán del siglo XVIII”. En ese sentido el Fiscal General convino en que hay que enfocar la investigación, acusación y juzgamiento en los máximos responsables.

Otálora

Igualmente el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, presentó ante la Corte un concepto en el que pone de relieve que la fórmula que fija la norma para seleccionar delitos y priorizar su juzgamiento en un eventual proceso de paz no sustituye la Constitución, como afirma una demanda que estudia el alto Tribunal.

 Según Otálora, la fórmula de justicia aprobada, en términos prácticos, resuelve dificultades como la falta de recursos para someter a todos los que se acojan a un eventual proceso de paz y juzgar todos los delitos. También garantizaría una pacífica terminación de conflicto, la eliminación de las estructuras armadas, sus prácticas criminales y facilitaría una reparación y llegar a la verdad de lo sucedido.

Es el caso de la Ley de Justicia y Paz, creada para desmovilizar a los grupos paramilitares, un alto número de sus jefes –señaló el Defensor– se acogieron a esa norma, desbordando la capacidad de la Fiscalía y desnudando su insuficiencia en las investigaciones.

 También mencionó otras experiencias en el mundo, como los tribunales ad hoc creados para la antigua Yugoslavia, en la que las mismas Naciones Unidas (ONU) recomendaron en una resolución priorizar el juzgamiento de autoridades civiles y jefes militares y paramilitares involucrados en delitos atroces.

Barreras

Mientras que el senador Roy Barreras en su calidad de presidente del Congreso encabezó la defensa de esta norma y dijo estar confiado en que la Corte Constitucional le dé su visto bueno. “Mi obligación y mi mandato es hacer justicia y la de la Corte es hacer la paz”, expresó el Parlamentario de La U.

Barreras defendió que el Marco para la Paz “no es un instrumento de impunidad, no le rebaja un día de cárcel a nadie, ni le regala beneficios a nadie…hoy desafortunadamente no hay condiciones para la paz, hoy lo que todos los colombianos sabemos es que se necesita mano dura del Estado para combatir a los violentos” y que “si a cada guerrillero se aplicara una pena por sus delitos no habría posibilidad de desmovilización o desarme”.

Incluso Barreras viajó a principios de este año a La Haya (Holanda) para entrevistarse con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y explicarle el proceso para la paz que se adelanta en Colombia, luego de lo cual el Parlamentario dijo que “a La Haya llegan muchas versiones distorsionadas sobre lo que estamos viviendo los colombianos, algunas ONG de buena fe y otros grupos de derecha radical de mala fe, han vendido la idea equivocada de que el Marco para la Paz es sinónimo de impunidad total para las guerrillas, lo que es absolutamente falso. Habrá penas, habrá condenas y habrá justicia transicional que es una forma válida de justicia en el mundo para permitir el fin del conflicto”.