Para  explicar si cooperó en los hechos que se le imputan a su marido, Iñaki Urdangarin, sospechoso de haber desviado fondos públicos, la infanta Cristina,  hija del rey Juan Carlos, se sentará mañana ante el juez de Baleares, José Castro y frente al retrato de su padre Juan Carlos, que adorna la pared de ese despacho.

El magistrado, tras meses de trabajo, emitió el 7 de enero un auto de 227 páginas en el que convocó a Cristina a declarar.

Su imputación cayó como una bomba: muy protegida durante mucho tiempo, ahora cercada por los escándalos, la monarquía española está descubriendo que ya no es intocable.

A sus 76 años, tras 38 de reinado, Juan Carlos ofrece la imagen de un rey cansado, a menudo apoyado en unas muletas tras varias operaciones de cadera.

El catastrófico deterioro de su imagen se inició hace dos años con el "caso Urdangarin" y se agravó con una costosa escapada real a Bosuana para cazar elefantes en 2012, que sorprendió en una España golpeada por la crisis.

Las disculpas presentadas entonces al país y el alejamiento de Cristina y su esposo de las actividades oficiales de la familia real han conseguido encauzar el problema y ya no es tabú hablar de una eventual abdicación en favor del príncipe Felipe, que encarna a sus 46 años la esperanza de la monarquía.

A lo largo de los meses, la investigación ha ido cerrando el círculo en torno a Cristina, mientras la Casa Real, empantanada en el escándalo, admite querer acabar cuanto antes con lo que su jefe, Rafael Spottorno, calificaba públicamente de "martirio".

El caso Noos, la empresa que presidía Urdangarin, "ha sido un problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es que al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa", por ser la primera vez que un miembro de la familia real "tiene que dar cuentas ante la justicia", explica Ana Romero, corresponsal del diario El Mundo en la Casa Real.

"El hecho de que fuera desimputada o que la (primera) imputación no siguiera su curso porque fue parada por el fiscal provocó en los españoles un rechazo generalizado", añade.

En efecto, en la primavera boreal de 2013 una primera imputación había sido anulada a petición de la fiscalía. El juez se orientó entonces hacia unas sospechas de fraude fiscal y blanqueo, que la infanta habría cometido a través de Aizoon, una sociedad en la que tiene el 50% de participaciones con su esposo.

Aizoon habría sido una de las empresas pantalla usadas para el desvío de 6,1 millones de euros, del que es sospechoso Urdangarin, junto con un socio, vía la fundación Noos, una empresa sin ánimo de lucro que presidió entre 2004 y 2006. Cristina formaba parte de su dirección.

"Los delitos contra la Hacienda que se imputan a Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa", escribió el juez Castro.

Pero para la fiscalía "es imposible, dada la cuantía de los gastos personales, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros", a partir del cual se considera delito en España./AFP