Las empresas petroleras y mineras del país tendrían que pagar el Impuesto de Industria y Comercio, ICA, para generar “equidad” en el cumplimiento de este tributo, o de lo contrario se pedirá que se les exima del mismo a todos los comerciantes que cumplen con este deber.
Así lo estipula una iniciativa que cursa su trámite en el Congreso de la República y que el pasado martes tuvo su primera discusión en la Comisión Tercera de la Cámara.
La intención del proyecto es gravar a dichas empresas, pues hoy no pagan el IICA, “con el 3 por mil”, como lo manifestó el ponente de la iniciativa, el representante Ángel Custodio Cabrera.
Para el congresista, el pago de las regalías por parte de las empresas petroleras y mineras no es “excusa” para que no sean gravadas con este tributo.
“El pago de las regalías dicen que es bueno porque a ellos no les cuesta nada el subsuelo, es como la concesión con el Estado pero creemos que vale la pena hacer el esfuerzo y que las empresas colaboren con una seguridad social”.
Fue enfático en decir que el país está atrasado en cobrar este impuesto pero teniendo en cuenta la negativa del Gobierno con tal apreciación, dice, “entonces eliminemos el Impuesto de Industria y Comercio en Colombia e incrementemos un punto de renta”.
Los impactos
Cabrera calculó en 400 mil millones de pesos los ingresos que le representaría a algunos departamentos que se han visto afectados por la distribución de las regalías si se llegase a aprobar este proyecto.
“Además, hoy todos los impuestos de IICA son deducibles, entonces se mantendría, pero el Gobierno dijo que no lo avalaba y hay la posibilidad de que no se aplique como deducción”, añadió.
Para intentar solucionar la controversia, se creó una subcomisión de diálogo con el Gobierno Nacional y los empresarios, para así llegar a un acuerdo en cuanto a esta iniciativa.
Posición del Gobierno
Precisamente la directora de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Martha Liliana Amaya expresó ayer su voz de inconformismo por parte del Gobierno Nacional al decir que con tal proyecto “el Estado está enviando un mensaje de rectificación sobre la política que ha permitido el ofrecimiento exitoso de áreas a las firmas del sector”.
Unas de las consecuencias que traería la aprobación del proyecto, aseguró Amaya, es un desestímulo de para la comercialización.
“Si bien hay una mejor expectativa sobre el aumento de las actividades de exploración y producción, uno de los efectos sería sobre las exportaciones, ya que mientras en la actualidad las ventas externas y consumos de crudo para refinación no pagan IICA, la base gravable para este impuesto definida en la iniciativa, no tiene en cuenta el destino de la producción. Esto generaría un desestímulo para la comercialización del crudo en los mercados externos”, comentó.
Pero este no es el único impacto a las empresas mineras puesto que es de recordar que algunos sectores mostraron su desacuerdo con lo estipulado en la reforma tributaria en ese sentido.
Ricardo Ruiz, uno de los miembros de la firma Ernst & Young argumentó en su momento que “la reforma tributaria tendrá un gran impacto en el sector, sobre todo el Impuesto de Industria y Comercio incrementando las cargas en los proyectos del sector”.
Para Ruiz, las regiones podrían sentirse “abandonadas debido a que el ajuste en trámite dificulta el acceso a las regalías de aquellas poblaciones en donde están ubicados los proyectos mineros”.