Una solicitud a las entidades públicas del orden nacional y territorial para que pongan freno a la contratación de nóminas paralelas, hicieron ayer la Contraloría General y la Auditoría General de la República.

En circular conjunta firmada por la contralora Sandra Morelli Rico y el auditor Jaime Ardila Barrera, advierten dar estricto cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual “conmina a las autoridades de vigilancia y control a exigir la aplicación de las normas que amparan la relación laboral y evitar la suscripción reiterada de contratos de prestación de servicios”.

Los funcionarios precisan que, a pesar de la normatividad vigente y el desarrollo jurisprudencial de la misma, han evidenciado la existencia reiterada de contratos de prestación de servicios para cumplir funciones permanentes que podrían constituir las denominadas “nóminas paralelas”, en la entidades del sector público, por lo cual “resulta imperioso exigir la aplicación material de las normas que amparan la relación laboral”.

Señalan que las entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con la finalidad de reemplazar cargos que se suprimen en la administración pública.

Resaltan además que el Código Único Disciplinario dispone como falta gravísima “celebrar contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas y administrativas que requieren dedicación de tiempo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista”.