El llamado cobija a un listado de 10 mil exintegrantes de grupos subversivos, entre los que están el M-19, Epl, Farc, Eln,  Erp,  Corriente de Renovación Socialista, Ejército Revolucionario Popular, Ejército Revolucionario Guevarista, Frente Francisco Garnica, MIR-COAR, Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Quintín Lame y las Milicias de Medellín.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho le va a recomendar al Comité Ejecutivo que les imponga dos medidas: actos públicos de solicitud de perdón a las víctimas de estos grupos y participar en una campaña pública invitando a la desmovilización de las personas que todavía hacen parte de un grupo armado organizado al margen de la ley”, sostuvo el jefe de cartera.

Estos desmovilizados no podrán negarse a realizar las acciones de reparación simbólica que les imponga el Comité Ejecutivo pues se trata de dar cumplimiento a un mandato legal.

De hecho la Ley permite que estas personas acudan ante el Ministerio de Justicia y del Derecho para proponer qué medidas de reparación simbólica quieren realizar voluntariamente antes de que la medida les sea impuesta por el Comité Ejecutivo. A la fecha no se ha acercado ninguno.

Este estudio, que inició desde la sanción misma de la Ley, ha implicado el cruce de información con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Colombiana para la Reintegración y los archivos que en su momento tenía el Ministerio del Interior.

En una segunda fase de este estudio se analizará quiénes recibieron beneficios económicos o incentivos para proyectos productivos para determinar cómo se diseñó ese proceso de reintegración, si fue efectivo, y contrastar los resultados con la lista de personas que delinquieron con posterioridad a su desmovilización, así se podrá saber qué tanto impacto tuvieron las medidas adoptadas para garantizar la no repetición de hechos violentos.