Por los daños causados tras el fallo disciplinario por daños y prejuicios que sufrió el expresidente de la Cámara de Representantes, Cesar Pérez por la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años, demandó al Estado.

Ante el Consejo de Estado, Pérez García pide una indemnización por más de 80 millones de pesos, por la sanción disciplinaria que le fue impartida en contra de Pérez Garcíaal hallarlo responsable de violar el régimen de inhabilidades cuando ejercía como diputado en la Asamblea departamental de Antioquia desde 2007 hasta 2011.

El Ministerio Público lo destituyó porque tenía una inhabilidad para ocupar cargos de elección popular, pues en 1994 el Consejo de Estado había decretado su pérdida de investidura como representante a la Cámara.