Claridad en aspectos puntuales de la implementación de los acuerdos de paz, especialmente en lo que tiene que ver con la aplicación de la Jurisdicción Especial para la paz y la forma cómo operarán las zonas veredales de concentración, que en su concepto corren el riesgo de que se conviertan en “Repúblicas independientes”, pidieron 28 excomandantes de las Fuerzas Militares, el Ejército y la Policía, al presidente Juan Manuel Santos.

En una carta entregada al Jefe del Estado, que fue firmada por excomandantes de esas fuerzas, inclusive por el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, quien fungió  como negociador del Gobierno en La Habana, expresan que existen “muchas dudas y desinformación” en temas clave de la seguridad nacional.

En la extensa misiva plantean sus inquietudes en torno a la desventaja que tienen los militares frente a la Jursidicción Especial de Paz, JEP, la elección de los magistrados de la misma, el esquema de seguridad para antiguos comandantes de las Farc que estará a cargo de 1.200 antiguos miembros de esa guerrilla, el riesgo de que las zonas veredales no sean transitorias, como se establece en el acuerdo firmado, inicialmente en Cartagena y luego en el teatro Colón.

Igualmente instan al presidente Santos, como máximo comandante de las Fuerzas Armadas y como Jefe de Estado, a que lidere el mensaje de reconciliación y convivencia nacional, para poner fin a los señalamientos que se hace de “enemigos de la paz” a quienes en algún momento expresaron su inconformidad o disenso en torno al acuerdo de paz y su implementación.

El siguiente es el texto de la carta entregada el 1 de marzo al Jefe de Estado y que está firmada además por Rangel, por los generales Rafael Samudio, Julio Guillermo Jaramillo, Jose Guzmán, Hernando Zúñiga, Manuel José Bonnet, Mario Galán, Reinaldo Castellanos, Oscar Enrique González, Rafael Grau, los almirantes Manuel Fernando Avendaño, Edgar Garay, Gustavo Angel Mejía, Hernando García, roberto Serrano, Edgar Romero y Segio Garcia.

Igualmente por el brigadier Hernán Medina, los generales de la policía,  Gilberto Franco, Alfredo Ortega, Alfonso Amaya, así por el Mayor General Alfonso Abondano, Héctor Gil Nieto, Fabio Zapata, Manuel Sandoval, Edgar Lesmes, Julio González y Luis Ernesto Gilibert.

“En el momento actual surgen serias preocupaciones en materia de seguridad nacional, especialmente con el manejo e implementación de las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización, acordadas con las Farc en diferentes regiones del país.

A este respecto Señor Presidente, existen muchas dudas y desinformación, motivo por el cual queremos expresarle nuestra inquietud por el interés manifiesto de esta organización de crear a toda costa zonas permanentes y no de carácter transitorio en los sitios acordados, para conformar peligrosos asentamientos con grupos no desmovilizados y comunidades afectas, que potencialmente y hacia el futuro inmediato, se constituirían en graves amenazas y factor de perturbación, tal como aconteció en el pasado con las llamadas “Repúblicas Independientes”, que tanto daño causaron a la integridad territorial de la nación.

Algo similar ocurre con la conformación al interior de la Unidad Nacional de Protección de una organización constituida por escoltas pertenecientes a las Farc y por otros miembros con funciones administrativas, en desarrollo de los esquemas de seguridad acordados para la implementación de este programa.

Por razones obvias de seguridad, y en razón a lo que representa un grupo armado de estas características, se requiere establecer con carácter prioritario estrictos mecanismos de supervisión por parte de la Fuerza Pública, a fin de evitar riesgos futuros que generen intranquilidad ciudadana en cualquier lugar donde se desempeñen en cumplimiento de la tarea para la cual han sido creados.

El segundo tema tiene que ver con el proyecto de Acto Legislativo que cursa en el Congreso de la República, el cual incluye lo concerniente al tratamiento diferenciado en materia de Justicia Transicional para miembros de la Fuerza Pública en situación subjudice por causa del conflicto armado. A este respecto, es justo destacar su interés permanente por dar a conocer pública y reiteradamente el compromiso de establecer los mecanismos apropiados para garantizar el blindaje de seguridad jurídica a través del Acto Legislativo a que hacemos referencia y que tiene relación con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

En el último debate realizado en la Comisión Primera del Senado de la República, por iniciativa de nueve parlamentarios de esa corporación, se presentaron y fueron admitidas por el gobierno nacional dos proposiciones que corrigieron en parte algunos artículos del Capítulo VII que hace referencia al Tratamiento Especial Diferenciado para miembros de la Fuerza Pública.

Sin embargo señor Presidente, queda pendiente por aclarar lo relacionado con la aplicación preferente del Código Penal Colombiano en todo el contenido de esta articulado y la supresión de unos términos innecesarios e inconvenientes en lo referente a la sustentación legal de las reglas operacionales que darían lugar a interpretaciones jurídicas equivocadas en perjuicio de los inculpados. Se trata de establecer con precisión que esta normatividad operacional consignada en reglamentos, manuales y directivas, se presume de hecho estar totalmente acordes con la legalidad. En estas condiciones se fortalecen los estándares internacionales establecidos, sin el más mínimo indicio de impunidad bajo el concepto de la prevalencia del derecho interno sobre la legislación internacional.

Por otra parte Señor Presidente, queremos expresar también nuestra gran preocupación por la presencia en la Comisión que elegirá a los Magistrados de la JEP, de algunas personas, particularmente extranjeros, que no ofrecen a nuestras instituciones militares y de policía mayor garantía en cuanto a imparcialidad, respecto a las funciones que les correspondería dentro de esta jurisdicción, teniendo en cuenta su reconocido perfil y posición ideológica que los señalan como activistas destacados de corte muy opuesto al tradicional pensamiento demócrata institucional. Algo parecido ocurre con la modificación a lo establecido en los acuerdos inicialmente pactados, que excluía la participación de quienes hubiesen tenido cualquier tipo de intervención en las negociaciones de La Habana, permitiendo ahora la eventual elección como integrantes de la JEP, a personas cuyas posiciones asumidas en contra de la Fuerza Pública, han sido muy evidentes.

Sobre este particular es imprescindible Señor Presidente, establecer los procedimientos o mecanismos adecuados que permitan supervisar en forma estricta la selección y nombramiento de los magistrados que conformaran el Tribunal y los distintos organismos previstos en la JEP. De no ser así, vamos a tener la misma falencia que se presentó con la Comisión Histórica del Conflicto, donde se señaló como responsable y principal generador de violencia al Estado Colombiano.

Otra preocupación institucional tiene que ver con el aplazamiento de lo que se ha venido anunciando por parte del gobierno en cuanto a otorgar un tratamiento especial diferenciado a miembros de la Fuerza Pública en materia de suspensión de la persecución penal y libertad transitoria anticipada frente a la amnistía e indultos que se otorgaran a corto plazo a integrantes de las Farc, tal como está siendo anunciado por parte de la oficina del alto comisionado para la paz.

Así mismo Señor Presidente, en nuestra condición de Ex ministro de Defensa, Excomandantes del Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Consejo de Exdirectores de la Policía Nacional, queremos dejar a manera de constancia histórica frente a esta crítica e incierta situación, que usted como Jefe Supremo de nuestras Fuerzas Armadas símbolo de la unidad nacional, es la única autoridad que en este momento, tiene la capacidad para resolver y garantizar la seguridad jurídica de los miembros de las FF.AA., defensoras insustituibles del orden constitucional.

Quienes alcanzamos las más altas jerarquías y cargos en la institución militar y policial, conscientes que la nación está por encima de todas las contingencias y avatares de su propio acontecer, no podemos ser inferiores al reclamo o expectativas de los subalternos que antiguamente comandamos, para reiterarle respetuosamente por nuestro conducto, el anhelado cumplimiento de ese gran compromiso por usted adquirido, respecto a la aplicación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Para todos ellos va nuestro más cálido y justo reconocimiento por el cumplimiento estricto de la misión constitucional que les corresponde, como fieles guardianes de nuestra institucionalidad democrática.

Para terminar, señor Presidente, consideramos oportuno que en beneficio de la concordia y convivencia de los colombianos, sea usted quien lidere un mensaje de reconciliación nacional, contra la inconveniencia de señalar repetitivamente “como enemigos de la paz”, a quienes por distintas circunstancias hacen uso legítimo del derecho de disenso o libertad de expresión, frente a los acuerdos con las Farc y su futura implementación"