Así lo resolvió el Consejo de Estado luego de que el parlamentario Javier Cáceres fuera demandado por hacer tráfico de influencias y tener presuntas relaciones cercanas con el paramilitarismo.

La demanda a Cáceres fue interpuesta por la Red de Veedurías que realcionó directamente al parlamentario en cuestión con el jefe paramilitar “Jorge 40”. Y aunque la decisión temporal del Consejo de Estado es que conserve su investidura, la Corte Suprema de justicia se encargará de llevar a cabo la investigación pertinente.

El decreto del Consejo de Estado está sustentado en su incompetencia para decidir cuando un parlamentario comete delitos penales. Aunque sí sentó su posición frente a la responsabilidad de Cáceres en el delito de tráfico de influencias.

Así, luego de analizar y estudiar las pruebas presentadas que incriminaban a Javier Cáceres sobre el presunto tráfico de influencias en ETESA en la ciudad de Cartagena para tener apoyo político; el Consejo de Estado resolvió que no eran suficientes los documentos probatorios.