Gobierno denuncia que en las Notarías se hicieron muchos de los negocios fraudulentos.

MEDIANTE LA complicidad de ex funcionarios del Estado, grupos de delincuentes de apropiaron de casi 6 millones de hectáreas en todo el territorio nacional.

Así lo reconoció el Gobierno al señalar que en el ilícito participaron notarios, registradores de instrumentos públicos, alcaldes, funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), del antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder).

Por su parte, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar aseguró que mediante prácticas fraudulentas y en la penumbra de las Notarías y Oficinas de Registro del Estado, delincuentes le robaron al Estado colombiano miles de hectáreas de tierras.

“En las Notarías se hicieron numerosos negocios para quitarle tierras a humildes campesinos, bajo el manto de la ilegalidad y en numerosos casos con los actores irregulares de la confrontación armada”, dijo el Ministro y agregó que “las 41.790 hectáreas de tierra despojadas en el Urabá se dio por hechos irregulares practicados por antiguos funcionarios del Incora e ICA”.

De acuerdo con Restrepo Salazar, en estos momentos vienen trabajando directamente con la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de establecer si aún hay algunos implicados en estos procesos trabajando con el Estado.

“En las últimas horas se envió una circular a las diferentes entidades que trabajan con campesinos para que les den prioridad a las denuncias y se les garantice seguridad en los trámites ante las diferentes instancias”, dijo.

Según estimativos del Gobierno y luego de hacerse público el caso específico de Urabá, donde hallaron 1.400 predios mal habidos, el total de hectáreas adjudicadas ilegalmente en el país llegaría a 6 millones.
Según la Superintendencia de Notariado y Registro, 450 mil hectáreas ya han sido recuperadas y de esas 150 mil ya están en manos del Incoder para su proceso de restitución al Estado o a las víctimas.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, a la fecha ya han sido entregadas a víctimas de la violencia entre titulación y restitución un total de 360 mil hectáreas y la meta al concluir el 2011 es llegar a 500 mil hectáreas.

En el caso específico de Urabá, el presidente Juan Manuel Santos informó que con la revisión de tan solo 70 por ciento de la zona, se encontró que 41.790 hectáreas de tierra fueron despojadas de manera irregular, lo que corresponde a 1.400 predios.

Según el Ministro de Agricultura, se tienen proyecciones que cerca de 500 mil hectáreas de tierra fueron despojadas de manera irregular en diferentes puntos del territorio colombiano y señaló que las tierras que se han recuperado van a ser entregadas a los campesinos colombianos desplazados por la violencia.

Respecto al caso específico de Urabá, el superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez reveló que por lo menos 15 funcionarios públicos estaban vinculados en la usurpación. “Lo que hicieron fue un trabajo en el tema de falsificación de documentos, falsos poderes, registros no actualizados, suplantación de personas y desplazamiento de personas”, indicó.

Por otro lado, algunos representantes del Congreso afirman tener pruebas de cómo empresarios sirvieron de testaferros para el despojo. Es decir, aparecen como los dueños, pero en realidad son manejados por narcotraficantes, ex paramilitares y guerrilleros.

Así mismo, el Gobierno cree que operó una cadena de testaferrato en varias zonas del país, donde presuntamente estaría involucrada la Asociación de Ganaderos de Córdoba, y tiene claro que se falsificaron certificados de libertad y tradición.