Por Giovanni E. Reyes (*)

 

Ya con la evidencia que proporcionan los resultados del referendo llevado a cabo en Bolivia el pasado domingo, es posible afirmar que fue desacertado el cálculo mediante el cual el gobierno del Presidente Evo Morales pretendía obtener la legitimidad en las urnas a fin de cambiar la Constitución de ese país.  Con ello se frustró el anhelo de presentarse a otra reelección y mantenerse  en el Ejecutivo hasta 2025.  

 

Inicialmente, en una primera percepción, con base en la historia más inmediata de la política boliviana, parecían muy factibles las posibilidades del triunfo por parte de los dirigentes oficialistas que gobiernan desde La Paz.  Ya forma parte de recuerdos añejos, la división que el país experimentaba a mediados de la primera década del Siglo XXI.  Ese escenario es algo que parece superado.

 

Ese factor incidió a mediados de la década pasada, hace ya 10 años, para que por primera vez en la historia de ese país andino un indígena se hiciera con la presidencia.  En ello, es de hacer notar el contexto.  En Latinoamérica sólo en dos países los indígenas conforman más del 50 por ciento de la población nacional: Bolivia y Guatemala.  De allí que se necesitaba tener el corazón demasiado curtido como para no alegrarse de que luego de más de 500 años del arribo de los españoles al continente, un indígena ascendiera a la primera magistratura.

 

Esas consideraciones continúan siendo válidas, pero las simpatías por el gobierno del Presidente Morales y su aceptación han decaído, si bien es cierto se coloca con un 45 por ciento de la población como mercado político “duro” a favor del gobierno.

 

Como es del conocimiento de todos los que llevan el caso de la política en Bolivia, ha sido claro que hasta 2014 la aceptación de Evo Morales en las votaciones había ido consolidándose.  Esa hegemonía se puso de manifiesto en su última reelección con un 61 % de los votos que le fueron favorables.  

Unido a todo ello, el escenario económico y social también ha ido viento en popa: la década de los altos precios de las materias primas que conforman el grueso de exportaciones, fue evidente, hubo liquidez para el gobierno sin necesidad de aumentos de impuestos, los grupos indígenas –aunque con algunos sobresaltos dado que no todo es trigo limpio, ni mucho menos- se sintieron como actores sociales protagónicos, tomados en cuenta, y por otro lado, la oposición no parece percibirse como una amenaza demasiado factible, frente a las opciones del gobierno actual.

 

Este último punto es clave para entender el devenir político en el país andino.  Muchas personas saben que Evo Morales puede no ser el mejor presidente, ni el más preparado, ni el que está rodeado de las personas más capaces en el país –señalamientos reiterativos de la oposición-.  Pero por otra parte, la alternativa de los grupos opositores es sentida entre sectores que hasta hace poco se percibían marginados, como una “vuelta atrás”. Esto es, vuelta a la hegemonía del poder público a las “buenas familias,  las “de abolengo” , quienes se repartieron el país junto con representantes de los poderes fácticos.

 

Esta es una condición que debe tenerse presente también en otros casos latinoamericanos. En muchas ocasiones, las votaciones políticas y las preferencias de las gentes no se basan en apoyar convergente y convincentemente una opción, sino en impedir que otro grupo político se haga con el poder.

 

A esto es de agregar que -especialmente en países en desarrollo- el nexo entre la esfera política, de conducción de la cosa pública, se encuentra muy íntimamente relacionada con el desempeño económico.  De allí que los resfriados políticos, puedan repercutir en severos casos de gripe o neumonía en los circuitos económicos.  Es algo que es relativamente diferente en países más desarrollados.  En Italia, para mencionarlo rápidamente, la inestabilidad política que se ha hecho evidente no impide que el país sea uno de los siete más industrializados del mundo.

 

Con todo, el escenario favorable de la bonanza económica y la tendencia de victorias de Evo Morales convencieron del intento de cambiar la Constitución del país.  Pero se descuidó el asunto de las acusaciones de corrupción que últimamente han tenido como blanco al mandatario.

El caso en concreto se relaciona con el Fondo Indígena, lo que se habría constituido en un desfalco basado en proyectos que no existieron.  Esto golpeó a la dirigencia más cercana del presidente y al propio Evo Morales. Se trató del “caso Zapata”, la revelación de que una expareja de Evo Morales, con quien habría tenido un hijo, era la lobista principal de un conglomerado de empresas chinas que recibió el encargo para ejecución de muchos proyectos de gobierno y con ello jugosos contratos.  

 

Se tuvo la impresión que, faltaba más, grandes sumas de dinero habrían aceitado la maquinaria institucional, en un juego que no dista para nada de prácticas nefastas en el manejo público que no eran ajenas a los grupos tradicionales que habían ejercido el poder público.  Precisamente las prácticas contra las cuales se ha proclamado adalid el propio Presidente Morales.  El “caso Zapata” ha sido indiscutiblemente, un golpe a las entrañas de la credibilidad del mandatario.  

 

Y un dato adicional que se dirigió directamente contra el vicepresidente  Álvaro García.  El alto funcionario tuvo que admitir que había mentido o “mal informado” respecto a que tenía una licenciatura y un post-grado en una universidad mexicana.  Esas situaciones en otros países cuestan no sólo cargos importantes, sino que pueden traerse a pique gobiernos completos.

 

A todo ello debe unirse otro factor que actuó contra las aspiraciones reeleccionistas del actual gobierno de La Paz: la presentación oficial que se basaba en que era necesario mantener el poder como un gesto de “desprendimiento” para “profundizar el proceso de cambio”, fue vista como un intento de perpetuación de la nueva élite político-económica que se ha hecho con la instancia del poder público.

 

Es de esperar, en todo caso, que esos vaivenes de la política boliviana no den al traste con el permanente requerimiento de ampliar oportunidades para los sectores mayoritarios, por acentuar el paso en la senda de un desarrollo tan eficiente en lo económico, tan sostenible en lo ecológico, como equitativo en lo social.

 

(*) Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.  Profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.