Un “carrusel”de tutelas, del que hacen parte abogados y jueces que vienen embargando grandes sumas de  recursos públicos, a  partir de la generación de obligaciones falsas, que luego ejecutan a través de procesos o tutelas en diversos juzgados con lo que consiguen crear providencias de embargos que permiten apoderarse de dinero del Estado, fue identificado por la Contraloría General de la República.

La entidad de control está indagando esta situación desde hace dos años, y ha descubierto además que los embargos luego se convierten en depósitos judiciales que reclaman terceros, pero cuando se descubre que la obligación no existe o que no corresponde a esa cuantía, los recursos ya han desaparecido.

En este orden, la Contraloría se ha dado a la tarea de recoger de manera sistemática los datos que del país entero llegan sobre embargos de recursos inembargables que corresponden a las regalías, salud, pensiones y  educación.

A través de la  gestión de la entidad, se ha podido contribuir a la recuperación o defensa de más de $400.000 millones de pesos del magisterio, en donde se evidenció  un verdadero carrusel de tutelas falsas en los juzgados de Planeta Rica, Chinú y Lorica, en Córdoba, mediante los cuales se alcanzaron a embargar estos cuantiosos recursos que hacían parte de la nómina de las pensiones de los maestros.

Una actuación conjunta de varias autoridades, entre ellas la Contraloría, logró evitar esta cuantiosa defraudación. Hoy la CGR está tras la recuperación de $60.000 millones que alcanzaron a sustraerse.

En lo corrido de este año, la Contraloría ha logrado recuperar $40.000 millones de embargos  contra recursos girados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag. Igualmente se detectó un carrusel de tutelas sobre las cesantías del Fomag en el departamento del Huila.

Las sumas que tiene la CGR de embargos de Caprecom, de las EPS, de las IPS y de Colpensiones, son alarmantes.

La entidad ha propiciado circulares y medidas conjuntas con varias autoridades. No obstante, la vulnerabilidad del recurso público y la falta de compromiso decidido de las distintas autoridades judiciales, para verificar con anticipación la verdadera existencia de las obligaciones que se demandan o de los administradores del recurso público para protegerlo y defenderlo, hacen que esta sea una labor titánica.

Gracias a que las entidades financieras empezaron a reportar de manera ordenada los embargos de estos recursos, la CGR se dio a la tarea de cruzarlos y generar una información que hoy entidades como Caprecom o Colpensiones están solicitando para poder conocer con certeza qué recursos les tienen embargados.

La CGR  le viene reportando esta información a las entidades públicas y territoriales, y las autoridades estatales de todo orden, para que actúen y defiendan los derechos públicos. Algunas se molestan y otras dicen que no es su función revisar esto,  como ha sucedido en el caso del Ministerio de Salud y la Supersalud, que respondieron que no tenía nada que ver con este asunto.