La Fiscalía se abstuvo de presentar ante un juez el principio de oportunidad que tenía acordado por Juan Carlos Ortiz por el descalabro de Interbolsa, y al contrario lo retiró con el fin de volver a revisarlo.

Según allegados al proceso, el ente acusador examinará la importancia de la información que Ortiz ha entregado para desentrabar y buscar otros culpables por el desfalco financiero de la firma comisionista y además consultarán a las víctimas, quienes se  han mostrado contrarias a la vía libre del acuerdo porque aseguran que no han reparado.

Aunque el documento ya había sido avalado por el exfiscal Eduardo Montealegre, será presentado nuevamente al fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, quien dará su visto bueno para que un juez lo avale. La misma situación pasaría con el acuerdo que ya está firmado con Tomás Jaramillo, otro implicado.

Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, ambos ex directivos del Fondo Premium, entidad que fue desfalcada a través de préstamos a Interbolsa, aceptaron los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies, a cambio de un acuerdo con la Fiscalía y que se detenga por 12 meses la acción penal por esos delitos.

El acuerdo incluye además una posible rebaja hasta en la mitad de la pena para Ortiz y Jaramillo, siempre y cuando la colaboración con la justicia sea efectiva. En caso contrario, la Fiscalía puede deshacer el acuerdo y pedir condena contra los dos ex directivos de Premium.

Los abogados que defienden a los inversionistas calculan que más de 3 mil millones de pesos se desaparecieron por la quiebra del Fondo.

Para el 28 de este mes está fijada la audiencia en la cual se presentará el nuevo principio de oportunidad de Tomás Jaramillo.

Tanto Ortiz como Jaramillo fueron condenados el pasado 28 de abril el juez 48 de conocimiento, tras avalar el allanamiento a cargos hecho por los empresarios en la audiencia de imputación de cargos.

Por estos hechos el próximo 21 de julio se establecerá el monto de la condena la cual tendrá una rebaja del 50% debido a que la ley establece este beneficio. Desde febrero de 2015 se encuentran privados de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.