La Fiscalía debería acoger la petición de la familia del inmolado director del diario La Opinión (Cúcuta), Eustorgio Colmenares, asesinado en marzo de 1993, en torno a que ese crimen sea considerado de lesa humanidad y, por esa vía, la investigación criminal no prescriba tras dos décadas de infructuoso proceso.

Aunque una semana después del asesinato del comunicador la guerrilla del Eln se adjudicó la autoría del crimen, lo cierto es que sólo dos personas fueron capturadas y sindicadas, pero no fueron condenadas. En ese orden de ideas, este grave atentado contra la libertad de prensa permanece en la impunidad 20 años después, ya que ni los autores materiales como tampoco los intelectuales han respondido ante la justicia.

Desde hace más de una década el caso fue cerrado, lo que resulta una inaceptable resignación de la capacidad judicial del Estado. Es claro que el asesinato del director de un periódico constituye un hecho de extrema gravedad y que comporta un ataque no sólo a una persona sino a la democracia en su totalidad.

Por lo mismo, tal como ha procedido la Fiscalía en otros casos, es más que viable que el asesinato del emérito director de La Opinión sea considerado como un delito de lesa humanidad y, a la par, se destinen nuevos equipos de investigadores para tratar de revelar todas las circunstancias, móviles y autores del mismo.