La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el miércoles una condena a Argentina a pagar 185 millones de dólares al fondo británico de inversiones BG Group, como reparación a pérdidas registradas durante la crisis de 2001-2002.

El máximo tribunal estadounidense, por 7 votos a 2, desestimó la decisión de una corte de apelaciones inferior, y con ello ratificó la multa que había sido decidida en 2007 por la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil internacional (CNUDMI).

En su fundamentación de voto, el juez Stephen Breyer -quien redactó el dictamen- afirmó que en virtud de un tratado bilateral firmado por Argentina y Gran Bretaña en 1993 "las decisiones de arbitraje deben ser finales y compulsivas", como decidido por la CNUDMI.

En consecuencia, apuntó, "la decisión del panel de arbitraje, de que Argentina en realidad dispensó de los requisitos para el litigio local, es legal".

En 2012, una corte de apelaciones de Washington había determinado que BG debió haber iniciado su demanda ante los tribunales argentinos, antes de llevar el caso al CNUMDI, provocando así que el caso llegara a la Corte Suprema.

El caso se remonta a la crisis argentina a fines de 2001, cuando el país puso fin a la paridad cambiaria y pesificó los contratos en dólares, paquete que vino acompañado de un congelamiento de precios.

El BG Group, que era accionista mayoritario de la empresa MetroGAS (aproximadamente el 45% de las acciones), alegó que la nueva normativa y en especial lo referido al reajuste de tarifas -que eran calculadas en dólares y expresada en pesos- afectaron gravemente la inversión, e inició una batalla legal.

Según el grupo, con su paquete de medidas, Argentina violó el tratado bilateral de protección de inversiones.

La posición argentina, en tanto, fue que el litigio debía ser resuelto en los tribunales locales, y alegó que ninguna corte debía aceptar las excusas de BG para no iniciar un proceso ante la justicia en Buenos Aires.

En tanto, BG sostuvo que evitó iniciar un proceso ante tribunales argentinos por restricciones en el acceso a la justicia y represalias contra empresas demandantes.

La Corte Suprema estadounidense tiene en sus manos otro caso relativo al default argentino de 2002, que enfrenta a ese país y a un grupo de fondos especulativos que poseen bonos y se niegan a participar de la reestructuración de la deuda iniciada en 2005.

Argentina reorganizó en dos canjes, en 2005 y 2010, la deuda del 93% de los acreedores que tenían títulos en cesación de pagos desde 2001, con grandes pérdidas de hasta 67% del capital para los tenedores.

Sin embargo, los llamados por Argentina como "fondos buitre", como NML y Aurelius, decidieron no sumarse a la reestructuración de la deuda y pasaron a demandar ante los tribunales el cobro de 100% de los títulos en su poder.

El máximo tribunal estadounidense deberá decidir si acepta o rechaza una decisión de un tribunal de Nueva York, que obliga a Argentina a usar sus reservas soberanas para pagar el valor integral de los bonos en manos de los fondos especulativos, equivalentes a unos 1.400 millones de dólares.

Argentina sostiene que ningún acreedor debe cobrar un deuda al 100% en efectivo porque se establecerían diferencias entre los acreedores, que expondrían al país a un aluvión de juicios de los tenedores que aceptaron los canjes.