El ministro Germán Vargas llamó nuevamente a las Cortes a volver a la discusión de la Reforma a la Justicia.
El proyecto para reformar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y el proyecto de la Ley General de Tierras ya están cumpliendo el proceso de consulta previa y serán presentados en marzo próximo, cuando el Congreso retorne a sesiones, informó ayer el ministro del Interior Germán Vargas.
Estas iniciativas, junto con la reforma a la Justicia, que ya cumplió el primero de ocho debates en el Parlamento, serán las principales apuestas en la agenda legislativa gubernamental en este año.
La Ley General de Tierras hace parte de un paquete de iniciativas gubernamentales en materia territorial, como las reformas a los códigos departamental y municipal, sin dejar de lado la aplicación de la Ley de Víctimas en lo que corresponde a su componente de restitución de tierras.
La iniciativa promete un amplio y polémico debate en el Congreso teniendo en cuenta sus implicaciones, pues recoge, ordena, actualiza y complementa toda la legislación vigente sobre tierras y sobre desarrollo rural.
Entre las estrategias está el ordenamiento de los usos productivos del suelo. En este punto la iniciativa propone, entre otras, la delimitación de la frontera agrícola, frenando su crecimiento.
En tanto que la reforma a las CAR es un propósito hasta ahora aplazado para el Gobierno nacional. Desde finales de abril pasado el propio Vargas Lleras había anunciado que el Gobierno presentaría esta reforma, pues un mes antes la Corte Constitucional había tumbado la prórroga de la emergencia social y económica decretada a causa de la ola invernal, lo que dejó sin piso jurídico el Decreto 141 que reformó la estructura de las CAR y además fusionó varias de ellas con el objeto de buscar mayor eficiencia en su operación, porque el Ejecutivo consideró que no fueron diligentes para prevenir los efectos de la ola invernal.
“Con esta segunda ola invernal nuevamente surge un cúmulo de críticas sobre la forma como se manejan estas Corporaciones, sobre el destino que tienen en muchos casos sus recursos. No podemos aplazar por más tiempo la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales y en marzo del próximo año esperamos llevar al Congreso un proyecto de ley que reestructure estas Corporaciones”, dijo en ese entonces Vargas.
Otros proyectos
Vargas Lleras recordó que además del proyecto de reforma a la Justicia, que iniciará su segunda vuelta en la Comisión Primera de Senado, el Gobierno tiene un densa agenda legislativa.
“También esa agenda involucra una serie de proyectos que ya vienen en curso, que fueron debatidos en una u otra Cámara el semestre anterior y que son de gran importancia”.
Según Vargas, “ahora que se posesionaron los nuevos gobernadores y alcaldes, viene toda una revolución. Tenemos en trámite en el Congreso, va para tercer debate, el nuevo Código de Régimen Municipal; tenemos nuevo Código de Régimen Departamental, que está pendiente de ser discutido en la plenaria de Cámara; tenemos la nueva iniciativa en materia de distritos, la nueva iniciativa también en materia de áreas metropolitanas”.
En materia judicial, Vargas Lleras recordó que reiniciarán su trámite legislativo en marzo los proyectos de Ley de Arbitraje, Código General del Proceso, la reforma a los Jueces de Paz y el nuevo Código Penitenciario.
Vargas Lleras reiteró el llamado a las Cortes para que vuelvan al debate en el Congreso de la reforma constitucional a la Justicia. “El Gobierno nacional ha señalado una y otra vez que lo deseable en relación con este proyecto es buscar la concertación. Yo quiero insistir en algo que he venido señalando, las Cortes no deben ni pueden renunciar a un derecho constitucional que les asiste para participar en la discusión y el trámite de la reforma. Y qué bueno sería que aprovechemos estas semanas antes de que se reanude el Congreso el 15 de marzo para regresar a tratar los temas que ya hacen parte de la reforma aprobada en primera vuelta”.
El Consejo de Estado y la Corte Suprema se apartaron a finales del año anterior de la reforma por considerar que no responde a las necesidades de la Justicia.