Tras ocupar las calles de Chile y cientos de colegios y universidades por más de siete meses el año pasado, en una demanda ampliamente compartida por las ciudadanía, los estudiantes reactivaron su reclamo por una educación pública gratuita y de calidad, que estiman no ha sido atendida por el gobierno.

Los secundarios son esta vez los que lideran las protestas, con la ocupación de una decena de colegios públicos de Santiago, a la que se sumó este viernes la toma de la casa central de la Universidad de Chile, la principal del país, ocupada el año pasado por más de cinco meses.

"Secundarios y universitarios estamos en una misma lucha y no vamos a dar un pie atrás en eso", dijo en su cuenta de Twitter, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric.

A diferencia del año pasado, el gobierno autorizó ahora el desalojo de los colegios, en operativos policiales que el jueves dejaron 139 detenidos tras la resistencia de alumnos y apoderados.

"El gobierno nunca va a tolerar que la violencia siga imperando", justificó este viernes el presidente Sebastián Piñera, quien además aseguró que su gobierno defenderá "la libertad de los estudiantes que quieren estudiar".

Pero en un abierto desafío y pese a que en 2011 unos 200.000 secundarios perdieron el año producto de las tomas y las más de 40 marchas que se realizaron, varios colegios desalojados volvieron a ser ocupados.

"No me sorprende que esta vez el peso de la indignación lo estén llevando los escolares", dijo a la AFP el experto en educación, Mario Waissbluth.

"Los estudiantes, sobre todo los secundarios, salieron a pedir menos segregación en el sistema escolar, más gratuidad, menos lucro y el fortalecimiento de la educación pública, y la respuesta del gobierno ha ido en la dirección contraria", explicó.

En el marco de una propuesta de ajuste tributario, que busca recaudar hasta 1.000 millones de dólares para la educación, Piñera propuso un incentivo tributario destinado a rebajar a las familias de clase media el pago del impuesto anual por hasta 400 dólares destinados al pago de aranceles en colegios privados pero que reciben subvención estatal.