Dirigentes estudiantiles pidieron plazos concretos en la implementación de la profunda reforma educacional que lleva adelante el gobierno de Michelle Bachelet y mayor participación de todos los actores.

"Creemos que es perjudicial que no existan plazos concretos", dijo Moisés Paredes, vocero de los estudiantes secundarios, tras asistir junto a otros dirigentes a una audiencia en el Congreso.

Bachelet ganó la reelección en diciembre pasado prometiendo una profunda reforma al sistema educativo chileno que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Tras la reciente aprobación de un ajuste tributario para dotar de recursos la reforma, su gobierno envió al Congreso los primeros proyectos de ley para acabar con la selección de estudiantes en los colegios subvencionados, el lucro y el pago adicional que realizan los padres a estos establecimientos, a los que asiste casi el 60% de la matrícula escolar.

Pero aún no se abordó el fortalecimiento de la alicaída educación pública ni la gratuidad universal a nivel universitario prometida en su programa de gobierno en un plazo de seis años.

La reforma de momento tampoco involucra a las escuelas privadas, donde asiste cerca de un 8% de la matrícula.

Hasta ahora "no se toca el sistema particular pagado" ni "se presenta un plan integral del fortalecimiento de la educación pública", criticó Naschla Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.

"Cualquier cambio en esta reforma debe afectar a todas las instituciones y no es legítimo que ciertos sectores de la sociedad queden exentos de eso", dijo de su lado la presidenta de la federación de estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda.

Padres de niños que asisten a colegios subvencionados rechazan de su lado la propuesta de ley que prohíbe a los dueños de estos colegios retirar utilidades. Los colegios subvencionados tampoco podrían arrendar las instalaciones.

Por medio del arriendo, hoy muchos dueños de colegios retiran cuantiosas utilidades, por lo que al quedar prohibido, si quieren seguir funcionando deberán ser dueños de los inmuebles o cerrar.