Reconocimiento de la bancada, garantías para la difusión de la plataforma política, uso de los medios de comunicación, derecho a la réplica al Alcalde Mayor y participación en la mesa directiva del Concejo son los principales aspectos del Estatuto de la Oposición en el Distrito Capital.

El proyecto de acuerdo propuesto por la bancada de Cambio Radical en el Concejo de Bogotá busca establecer el marco normativo para el ejercicio de la oposición política de los partidos y movimientos políticos que de manera oficial declaren su oposición al Gobierno distrital para lograr equilibrio de poderes, limitar las acciones de quienes ostentan el poder mayoritario y fortalecer los consensos y disensos del sistema democrático en el Distrito Capital.

Y es que la Constitución de 1991 implementó un mandato para la oposición que no ha sido cumplido porque en varias ocasiones se han presentado proyectos pero consideraciones de tipo político y procedimental han impedido que se conviertan en ley de la República.

Uno de los últimos intentos de reglamentación fue elaborado por el entonces ministro del Interior, Germán Vargas, que sirvió de sustento al proyecto que ahora se presenta.

El sustento para radicar el proyecto, según los concejales de la bancada de Cambio Radical (Julio César Acosta, José Arthur Bernal, Darío Fernando Cepeda, Fernando López, César García, Jorge Lozada y Roberto Hinestrosa), es que aunque la oposición cuenta con una norma constitucional que los protege, no tiene instrumentos para hacer efectivos sus derechos.

“Por estas razones hay que llenar el vacío mediante una actuación positiva, que, en todo caso deberá ajustarse a las disposiciones que queden contenidas en la norma estatutaria, una vez esta sea finalmente expedida por el Congreso”, dijeron.

En la exposición de motivos, la bancada de Cambio Radical señala que la adopción de un marco normativo para el ejercicio de la oposición política de los partidos que declaren su oposición al Gobierno distrital, es un aporte indispensable para el fortalecimiento de la institucionalidad que se ha caracterizado por su polarización tajante, específicamente en los últimos tres periodos.

Uno de los artículos que tendrá gran polémica es que tiene que ver con el uso de los medios de comunicación.

“Además del acceso a los medios de comunicación institucionales y privados a los que tienen acceso los partidos o movimientos políticos con asiento en el Concejo de Bogotá, quienes se declaren en oposición tendrán un espacio adicional de divulgación de la información cuando el Alcalde de Bogotá realice alocuciones utilizando los distintos medios de comunicación públicos distritales”, plantearon los cabildantes.

Así mismo, la aprobación del derecho a la réplica tendrá debate, pues se contempla que será un derecho cuando el Alcalde de Bogotá haga alusión expresa y directa a los partidos de oposición que atenten contra la dignidad y el buen nombre en un medio de comunicación público distrital.

“El partido o movimiento de oposición contará con un lapso de igual magnitud, que solicitará de manera formal ante el medio en el cual se transmitió la intervención del Alcalde Distrital”, se lee en el proyecto.

Subirían impuesto predial

Las tarifas del impuesto predial hoy van del 2 al 9,5 por mil, mientras que con la reforma tributaria que radicó la Administración de Gustavo Petro quedarían del 5 al 16 por mil según el avalúo catastral, manifestó el concejal Orlando Santiesteban, del Polo Democrático, agregando que a “los bogotanos se les incrementaría un 68,4 por ciento las tarifas del predial”.

Según el cabildante, se cambia el método de liquidación con base en el avalúo catastral: “Los postulados de establecer incentivos tributarios lograrían la consecución de mayores recursos para las arcas del Distrito cuyos dineros saldrían del bolsillo de los contribuyentes. Con la reforma tributaria en 2015 las tarifas se incrementan desmesuradamente porque en los últimos cinco años se han realizado actualizaciones catastrales anuales sin mirar la capacidad de pago de los contribuyentes ni su nivel de ingresos, la vetustez de los predios y las situaciones de pobreza oculta de miles de hogares”.

Para Santiesteban, liquidar el impuesto predial con base en el avalúo catastral será aún más gravoso para los contribuyentes, pues últimamente sus actualizaciones se realizan anualmente y su precio se pretende llevar al 100 por ciento del valor comercial, como si el uso y el fin principal de los predios residenciales fuera la comercialización, poniendo en peligro el derecho a la vivienda de los bogotanos.

El concejal consideró que el método de liquidación del impuesto predial con base en el avalúo catastral no es correcto porque se contemplan variables geoeconómicas que no corresponden a la realidad socioeconómica de los contribuyentes.

El debate en el Concejo tendrá en cuenta que a los predios residenciales con avalúos mayores a 83 millones 160 mil pesos y menores o iguales a 229.885.000 pesos la tarifa será entre el 6,1 por mil al 14,9 por mil. Los predios residenciales con avalúo superior a 229.885.000 la tarifa será la máxima, el 16 por mil que hoy está en el 9,5 por mil.

Aprueban proyectos

Por unanimidad, en segundo debate el Concejo de Bogotá aprobó cuatro proyectos de Acuerdo que ahora pasan a sanción del alcalde mayor Gustavo Petro.

El primero establece los lineamientos para verificar la incorporación de la política pública de discapacidad en el proyecto del Plan de Desarrollo Distrital de cada gobierno y su posterior seguimiento, pues contó con 36 votos a favor. Esta iniciativa la impulsó la concejala Lucy Jimena Toro, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

El segundo proyecto de acuerdo crea el Sistema de Información de Obras de Valorización, según proyecto del concejal Miguel Uribe, del Partido Liberal: “La información se actualizará periódicamente, una vez al mes, garantizando, entre otras condiciones, que sea comprensible, detallada, confiable, de fácil acceso y de consulta permanente por parte de los ciudadanos”.

Así mismo fue aprobado el sistema tecnológico de seguridad en el servicio de transporte público individual y colectivo de pasajeros en el Distrito Capital donde la Secretaría de Movilidad, Fondo de Vigilancia y Seguridad y la Empresa Transmilenio tomarán las medidas necesarias con el objeto de implementar el uso de un sistema tecnológico de  seguridad en el servicio de transporte público individual y colectivo de pasajeros, el cual se integrará al sistema de vigilancia existente, para lograr una mayor eficiencia, eficacia y cobertura de la seguridad en el Distrito Capital.

Y por último fue aprobada la Cátedra Bogotá en las Instituciones Educativas Distritales, “se entenderá por Cátedra Bogotá: Una Ciudad que Aprende de la Ciudad”, porque incentiva la apropiación de capacidades ciudadanas, promueve en los estudiantes y la comunidad educativa el ejercicio de la ciudadanía activa y capaz de fortalecer la cultura democrática; fomenta el acceso al conocimiento de la diversidad cultural, social, económica, política, científica y ambiental, a su vez el sentido de identidad y pertenencia de la Ciudad, argumentó Darío Fernando Cepeda, de Cambio Radical.