Amenazado por una vasta investigación contra la corrupción, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan lanzó una ofensiva para recuperar el control de la institución judicial, a la que acusa de estar bajo la égida de la cofradía Gülen, a comienzos de un año electoral crucial.

Tras el espectacular operativo policial del 17 de diciembre, en que fueron detenidas 37 personas, entre ellas algunos hijos de ministros, en el marco de una investigación judicial por corrupción, se declaró una guerra de palabras entre el gobierno islamo-conservador y la justicia turca.

Las acusaciones por parte del gobierno van desde "conspiración" hasta "mini-golpe de Estado" e inclusive "intento de asesinato", e intentan responder a las quejas de la magistratura que señala una "violación de la separación de poderes" del Estado.

En una rara salida pública, uno de los fiscales de Estambul, encargado de la investigación, distribuyó un comunicado en las escaleras del palacio de Justicia acusando a la policía judicial de haber rechazado de manera deliberada, a pesar de su demanda, detener a más de una treintena de personalidades cercanas al poder.

Dos de las más importantes instituciones judiciales, el Alto Consejo de jueces y magistrados y el Consejo del Estado, dejaron de lado sus reservas para denunciar las presiones del poder sobre la justicia y la policía, en la que varios altos oficiales fueron desafectados.

Al contar con el apoyo de la mayoría del electorado, Erdogan se ha mostrado amenazante en varias ocasiones ante los magistrados. "Somos a la vez (el poder) ejecutivo y el judicial", proclamó ante sus partidarios.

"Puede que el primer ministro no sepa qué es la separación de poderes. Pero puede, lo que sería aún más dramático, que le moleste el Estado de derecho en su conjunto", comentó Metin Feyzioglu, presidente de la Unión de foros (TBB).

La batalla que opone al Partido de la justicia y el desarrollo (AKP), en el poder desde 2002, a la organización del predicador Fethullah Gülen, la cofradía Hizmet, constituye el meollo de este conflicto entre ambos poderes.

Erdogan cree que este movimiento, durante largo tiempo su aliado, aprovecha este asunto para instrumentalizar a la justicia y a la policía (en las que cuenta con aliados) para así poder tomarse revancha con su gobierno. Éste decidió suprimir las escuelas privadas, que eran una fuente de ingresos importante para la cofradía Gülen.

Ante la perspectiva de elecciones municipales en marzo y presidenciales en agosto, el primer ministro decidió, según los medios de comunicación turcos, retomar el control político de la justicia.

En su mira tiene al HSYK, ya reformado en 2010 para reducir la influencia de elementos afectos al "antiguo régimen", kemalista y laico.

"Cometimos un error respecto al HSYK, y vamos a solucionarlo", lanzó Erdogan, prometiendo presentar enmiendas constitucionales para cortarle las alas a esta institución.

Pero esto se vuelve algo delicado en tanto su partido AKP no dispone de la mayoría necesaria de dos tercios del parlamento para poder modificar la ley fundamental.

Y, la oposición no se amilana. "El Estado de derecho es es un principio que todos respetaremos y protegeremos", subraya por su parte Atilla Kart, diputado del la principal fuerza política de la oposición, el Partido republicano del pueblo (CHP).

El jefe del Estado, Abdullah Gül, podría también oponerse a Erdogan. Considerado próximo a la cofradía Gülen, el presidente ha dejado entrever en varias ocasiones sus diferencias con el primer ministro en los últimos meses, sobre todo durante la ola de manifestaciones sin precedentes que hizo tambalear al poder en junio pasado./AFP