Hasta la próxima legislatura sería presentado al Congreso el proyecto de estatuto de la oposición, iniciativa que después de más de un año se desempantana con nuevos diálogos entre el Gobierno y el Polo, pero que luego será socializado con los diferentes sectores políticos.

Desde sus inicios, en el año 2010, el Ejecutivo viene hablando de la necesidad de un estatuto de la oposición que establezca las garantías necesarias para que los partidos que se declaran en oposición al Gobierno de turno desarrollen plenamente su accionar político en materia de participación, promoción y divulgación.

A mediados de noviembre de ese año, el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas afirmó que el Estatuto de Oposición estaba  99 por ciento concertado tanto con el Partido Verde (entonces en oposición reflexiva) como con el Polo Democrático.

Según el jefe de la cartera política, habían avanzado en el derecho a réplica de los partidos de la oposición, además de la posibilidad de informar al país en cada oportunidad en que su buen nombre se vea afectado.

De igual manera, existía consenso en cuanto a la petición que hicieran los partidos declarados opositores del Gobierno, de tener asiento en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero aún estaba por acordar la solicitud de tener presencia en el Consejo Nacional Electoral y de que la Contraloría y Procuraduría fueran lideradas por ellos.

Sin embargo, en febrero de 2011 el Polo Democrático se levantó de la mesa de discusión del estatuto de la oposición, inconforme porque un artículo del proyecto reglamentario de la Reforma Política de 2009 planteaba depurar el censo electoral de la época, en el sentido que del mismo hicieran parte solo los ciudadanos que votaron en las elecciones presidenciales de 2010 y las cédulas nuevas.

Esta iniciativa fue interpretada por el Polo como una forma de perjudicarlo con miras a los comicios regionales de 2011, pues buena parte de su militancia no participó en las presidenciales de 2010, atendiendo un llamado de esta colectividad a la abstención.

Sin embargo, en marzo pasado por iniciativa del Gobierno se reactivaron las conversaciones con el Polo para discutir un estatuto de oposición. En este punto el Polo, única colectividad con personería jurídica que hace oposición al gobierno del presidente Santos, se comprometió a renovar la propuesta para llevarla al Gobierno nacional.

La semana anterior, el presidente Santos junto con el ministro del Interior, Fernando Carrillo, se reunieron nuevamente con la dirigencia del Polo, y acordaron reanudar las discusión de este proyecto.

Al respecto la presidenta del Polo, Clara López, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “debemos reanudar las conversaciones, esas deben reanudarse en estos días, y desde luego vamos a ampliar el espacio de discusión para tocar base a través del Ministerio con los espacios que se puedan crear con los otros sectores políticos”.

En ese sentido el Polo se mantiene en los puntos que ha venido planteando de tiempo atrás en materia del estatuto de la oposición, “integración de los sectores de oposición a la organización electoral, empezando por el Consejo Nacional Electoral, eso implica reforma constitucional, acceso a los medios de comunicación, todos los temas que hemos venido planteando. Entonces la idea es concretarlos en un proyecto que pueda ser presentado, no pensamos que en esta legislatura sino en la próxima”.