Estancado. Así calificaron varios senadores el estado actual de la reforma al régimen departamental, cuyo replanteamiento fue anunciado por el Gobierno tras una cumbre de gobernadores en San Andrés.

Efectivamente, el Ejecutivo retiró el proyecto que se venía tramitando para presentar otro el 20 de julio que tendría en cuenta objeciones de los gobernadores y líderes regionales.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, le dijo a EL NUEVO SIGLO que se está trabajando en el proyecto para ver si se logra radicar el 20 de julio, cuando el Congreso inicia las sesiones ordinarias de la última legislatura del cuatrienio.

“El que se estaba tramitando en Comisión tenía algunas objeciones de los gobernadores y lo que se quería era mejorarlo para que fuera del agrado de todos”, dijo la senadora barranquillera Karime Mota, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

El gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte, reveló que ese será uno de los temas a tratar por parte de los mandatarios seccionales el lunes en Bogotá.

Iriarte dijo que en el proyecto se debe incluir todo lo que  tenga que ver con fortalecimiento fiscal. Según explicó, la participación de los departamentos en la fiscalidad es de apenas el 5 por ciento siendo doblados por los municipios: “En Colombia hay varios impuestos que por naturaleza son departamentales, pero acá los tiene la Nación. Deben buscarse alternativas para hacer efectiva la descentralización con fuentes de financiación”.

El senador risaraldense Carlos Enrique Soto, de La U, dijo que ojalá que en la nueva iniciativa se puedan incluir funciones definidas para las asambleas y que las gobernaciones estén más fortalecidas.

“El código departamental quedó estacionado en la Comisión Primera. Es un tema que debe ser de manera armónica conjuntamente con otros proyectos. Como es la segunda vuelta de los gobernadores que se ha estado impulsando”, indicó Soto.

Tanto congresistas como gobernadores han criticado la iniciativa que se estaba tramitando no resolvía realmente el tema de la descentralización y la parte fiscal.

“Hay temas muy complejos como el hecho de que los institutos descentralizados podrían pasar a hacer parte de las administraciones departamentales, que los contratistas de obras puedan ser citados por los diputados para ejercer una especie de control y que los gobernadores para participar de los OCAD deben contar con la autorización de las asambleas”, explicó el senador nariñense Eduardo Enríquez, del Partido Conservador.

El congresista dijo que lo que viene ahora es que se convocaría una mesa de concertación con los gobernadores, diputados y el Congreso con el propósito de presentar un nuevo proyecto de Código del Régimen Departamental para que sea presentado en este segundo semestre.

El texto retirado señalaba que ningún diputado podrá ser reelegido en dos períodos consecutivos en la respectiva mesa directiva, dentro del mismo periodo constitucional, salvo que el representante del partido o movimiento político minoritario sea uno solo. El Secretario General de la Asamblea debe reunir las mismas calidades que los diputados y está sujeto al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

La mesa de concertación que se había acordado entre los gobernadores se inicia este lunes y luego se piensa en un encuentro con los diputados, los congresistas, conjuntamente con el Gobierno Nacional.

El ministro Carrillo dijo que el Gobierno no le tiene miedo a la descentralización y agregó que junto a las autoridades locales viene trabajando para lograr una verdadera descentralización.

El jefe de la cartera política expresó “que la columna vertical de la regionalización consiste en la capacidad de entregarle buenas competencias a los municipios y a los departamentos. Yo tengo la convicción de que si el país tiene territorios fuertes, tendrá regiones fuertes, rompiendo el mito tradicional de que la región se convierte en un enemigo”.

Para Carrillo reiteró que se trata de que las modificaciones se aborden en comisiones integradas por el Gobierno nacional, los gobernadores y los alcaldes, a fin de encontrar la mejor alternativa para tramitar el proyecto y robustecer la institucionalidad en las regiones.