Sanciones de Contraloría y Procuraduría no constituirían, en el primero una inhabilidad, y en el segundo destitución del cargo público sería hasta fallo del contencioso. En tanto que Fiscal ve en decreto de paz escollo perseguir bienes de Farc

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A pesar del importante número de órganos de control que hay en el país y la labor que desarrollan,  la corrupción sigue galopante. Es por ello que causan alarma los anuncios de algunos de ellos sobre intentos que por diferentes vías a su juicio buscan achicar su radio de acción.

Recientemente el contralor  Edgardo Maya Villazón alertó sobre una demanda que de prosperar haría que no se hagan extensivas a algunos servidores públicos  las inhabilidades que actualmente aplican para quienes son incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales por tener un fallo fiscal en su contra y no haber respondido por tal obligación.

Por su parte, las contralorías regionales han rechazado la propuesta del contralor Maya de suprimir las 63 que existen a nivel departamental, municipal y distrital por considerarlas ineficientes y costosas.  Éstas contraatacan diciendo que este no es el camino para un mejor control fiscal en Colombia.

En tanto que el fiscal Néstor Humberto Martínez mostró su preocupación por el Decreto 903 sobre los bienes que de forma ilícita adquirieron las Farc, que expidió el presidente Santos en el marco de las facultades que tuvo para implementar algunos aspectos de los acuerdos de paz.

Esta norma prevé que estos dineros serán llevados a un fondo para reparar principalmente a las víctimas, pero también contempla que servirán para la reincorporación de las Farc, que para este propósito decidirán en qué invertirlos.

Frente a esto, el Fiscal General de la Nación alertó que podría prestarse a que las Farc laven activos que adquirieron de manera ilícita. Por ello pidió ajustes que el Gobierno está dispuesto a revisar al momento de reglamentar este Decreto.

Si bien en este caso la Fiscalía no pierde su facultad de perseguir estos activos de las Farc y aplicarles la extinción de dominio, como de hecho la entidad a su cargo lo viene haciendo, la preocupación de Martínez radica en que según él este Decreto es una puerta abierta para que la Farc blanqueen esos recursos a través de proyectos de reincorporación, dificultando su detección y seguimiento.

Mientras que el procurador Fernando Carrillo manifestó su preocupación porque en el proyecto de reforma político-electoral las sanciones del Ministerio Público a servidores públicos limitarán sus derechos políticos hasta cuando sean confirmadas por decisión de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El procurador Carrillo dijo en una reciente entrevista a EL NUEVO SIGLO que un cambio en este sentido “sería un error histórico imperdonable. Percibo una demanda de la ciudadanía para que luchemos en forma decidida contra la corrupción y estoy seguro de que el Gobierno y el Congreso van escuchar ese clamor. Venimos fortaleciendo la Procuraduría para que sea la aliada de los ciudadanos en esa batalla. Nosotros no les vamos a fallar a los colombianos y esperamos que el Congreso tampoco lo haga durante el trámite de la reforma”.

De igual forma, los personeros de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría se han quejado porque tienen restricciones para desarrollar sus funciones de control debido a los escasos recursos que reciben para operar.

Contraloría General

Como otro ataque a las facultades que tiene la Contraloría General de la República calificó el contralor Maya Villazón  una demanda en trámite que pretende que no se hagan extensivas a algunos servidores públicos  las inhabilidades que actualmente aplican para quienes son incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales por tener un fallo fiscal en su contra y no haber respondido por tal obligación.

Tal situación ocurriría si prospera una acción de inconstitucionalidad que un ciudadano presentó en contra del artículo 60 de La Ley 610 de 2000 y el artículo 38, numeral 4, parágrafo 2 del Estatuto Disciplinario Único (Ley 734 de 2002).

“Se entabló esta demanda con una interpretación contraria a los principios de la igualdad material y de los postulados de la ética pública que, de prosperar, conduciría a la impunidad absoluta en materia fiscal”, advirtió el contralor Edgardo Maya Villazón.

Para la Contraloría,  dar cabida a la interpretación del demandante constituye un fraude a la ética pública y a la tarea encomendada  por la  Constitución de velar porque el  funcionario público  actúe con sujeción a los principios de legalidad, objetividad y debida utilización de los recursos públicos y que propenda por una conducta intachable frente al manejo del patrimonio Estatal, es decir, el patrimonio de todos los colombianos.

Sostuvo el Contralor que con ocasión de fallos con responsabilidad fiscal de especial transcendencia social proferidos por la Contraloría General de la República, se han generado acciones de diversa índole que, sin perjuicio del derecho de defensa, llevan una tendencia gravemente preocupante porque en últimas conducirían a suprimir los poderes que la Constitución y la Ley le han conferido a este Órgano de Control para la protección y resarcimiento del patrimonio público.

Recordó  que en la Sentencia C-103 de 2015, se suprimió el control de advertencia que en el pasado reciente le permitió a la Contraloría General de la República impedir la consolidación de daños al patrimonio del Estado, al poder advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometían el patrimonio público, sin perjuicio de ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados.

Contralorías regionales

En marzo pasado el contralor Maya Villazón dijo que en este mar de corrupción hay que tomar medidas en materia de optimizar el control fiscal, pues señaló que “encontramos que hay una diseminación del sistema fiscal. Qué quiere decir eso: que hay 63 contralorías en Colombia, hay una Contraloría General de la República, hay 32 contralorías departamentales y hay 31 contralorías municipales y distritales que suma en  su totalidad 63. Cada una de estas contralorías, incluida la General de la República, actúa en forma autónoma e independiente”.

Por ello, el contralor Maya propone crear una Contraloría General de la República, no es la actual, que se ocupe de la etapa de investigación, y un tribunal de cuentas que estaría a cargo del juzgamiento.

Frente a ello, la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia (Asdeccol) coincide con Maya en la necesidad de reformar el actual sistema de control fiscal, pero no excluyendo a las contralorías regionales sino por el contrario fortaleciéndolas.

Agrega que “la recentralización del control fiscal en la Contraloría General de la República no parece la mejor medida para lograr la eficiencia y efectividad del control fiscal y para la lucha contra la corrupción. Es en los territorios y desde ellos en donde se construirá la paz. El fortalecimiento del nivel territorial de la administración pública y del control a la misma, a partir de una verdadera descentralización, una verdadera acción del control social y garantías de autonomía para tomar decisiones estratégicas en las regiones, constituyen requisito fundamental para construir la verdadera paz y la superación de la desigualdad y la pobreza”.

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