La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró  que el país está frente a una "ambición dictatorial" del presidente Nicolás Maduro, al desconocer la Asamblea Constituyente elegida el domingo durante una violenta jornada que dejó diez muertos.

"Me dirijo al país (...) para desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral Constituyente presidencial (...). Estamos frente a una ambición dictatorial", dijo Ortega en un pronunciamiento ante la prensa.

Ortega, chavista devenida en fuerte crítica de Maduro, aseguró que la Constituyente "va a acabar" con los derechos al voto, a la manifestación y a la libertad de expresión. "Todos los derechos políticos están en peligro", advirtió. 

El poder electoral anunció que ocho millones de venezolanos (45,5% del padrón) participaron en la votación del domingo, lo que Maduro celebró "como un triunfo histórico", pero la oposición denuncia como un fraude.

"Esta Constituyente presidencial no tiene legitimidad. Es una burla al pueblo y su soberanía. Veremos a un poder absoluto en manos de una minoría", sentenció la funcionaria.

La fiscal aseveró que el gobierno busca "ejercer el poder sin límite alguno" y que este "no es el proyecto de país que proponía" el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Ortega rompió con Maduro hace casi cuatro meses al calificar como "ruptura del orden constitucional" a los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que socavaron facultades del Parlamento, de mayoría opositora.

Entre tanto, la mayoría opositora del Parlamento venezolano aseguró que seguirá sesionando normalmente pese a la elección de la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, que se instalará el miércoles en el Palacio Legislativo.

“Estamos aquí no porque nos hayan dado un regalo, sino porque representamos el voto que jamás en la historia venezolana ha tenido un Parlamento (...)  y eso tiene que hacerse valer", aseguró en rueda de prensa Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional.

Maduro sacó adelante el domingo su Constituyente, en cuyas elecciones -reportó el poder electoral- participaron más de ocho millones de venezolanos (41,5% del padrón electoral). 

La violencia marcó la jornada, con una decena de muertos que elevaron a unos 125 los fallecidos en cuatro meses de protestas contra el mandatario.

El gobernante socialista y dirigentes electos entre los 545 constituyentes, como la excanciller Delcy Rodríguez, adelantaron que sesionarán en la sede del Parlamento, controlado por la oposición desde enero de 2016.

En una entrevista con la AFP, Rodríguez expresó que "debe darse un proceso de coexistencia. Lo que no puede ocurrir es que los poderes constituidos desconozcan las decisiones" de la Constituyente, dijo.

Pero aún "no hay ningún tipo de comunicación" para coordinar, aseguró por su parte Borges.

El jefe parlamentario desestimó los resultados anunciados por el poder electoral en un proceso que tildó de "absolutamente ilegal" e "inconstitucional". La oposición no participó.

Tras la declaración de Borges, el diputado opositor Henry Ramos Allup, quien presidió la cámara en 2016, negó ante periodistas la posibilidad de cohabitación. "No hay convivencia, ni coexistencia, ni nada que se le parezca, tú no puedes convivir con un hampón en tu casa", declaró.

La dirigencia opositora llamó a nuevas protestas tras las votaciones de la Constituyente, que consideran que pretende instaurar una "dictadura".

Maduro, en un discurso en el que celebró los resultados, aseguró que la nueva Constituyente "pondrá orden" en el Parlamento y en la Fiscalía, cuya titular Luisa Ortega, confesa chavista, rompió con el oficialismo.

Rechazo de nueve países latinoamericanos

La nueva constitución impulsada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no tiene el apoyo de Estados Unidos, España y ocho países más. Mientras tanto, Bolivia pidió que el proceso sea respetado.

"Seguiremos adoptando medidas enérgicas y expeditivas contra los artífices del autoritarismo en Venezuela, incluidos aquellos que participen en la Asamblea Nacional Constituyente como resultado de la elección viciada del día de hoy, domingo", apuntó en una nota oficial la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

"La elección fraudulenta de Maduro es otro paso hacia la dictadura. No aceptaremos un gobierno ilegítimo", había dicho más temprano en un tuit Nikki Haley, embajadora estadounidense ante la ONU.

La Unión Europea se unió por su parte a las condenas al señalar su preocupación por "el destino de la democracia en Venezuela", dijo la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, en una rueda de prensa.

La votación, en la que según las autoridades participaron 8 millones de personas, reforzó la creciente presión internacional sobre el gobierno de Maduro.

México sostuvo que "no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente" y lamentó que el gobierno de Venezuela haya decidido llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente y que ‘profundizan la crisis’, dijo la Cancillería en un comunicado.

La cancillería de Argentina declaró que "no reconocerá los resultados de esa elección ilegal", mientras que Perú expresó que desconocerá esa "ilegítima elección" para conformar una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela.

Costa Rica llamó en un comunicado a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esta consulta y España emitió un documento en el que asegura que "no reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto".

El gobierno paraguayo reafirmó "su posición de desconocer la ilegal convocatoria" y dijo que tampoco reconoce los resultados.

Entre tanto, la a canciller de Colombia, María Ángela Holguín, reiteró que su país está preocupado por la democracia en Venezuela, al considerar que con la elección de una Asamblea Constituyente el domingo se apartó del ámbito democrático.

"Nos preocupa enormemente la democracia en Venezuela, hemos reiterado un llamado al gobierno de Venezuela a que retome su ámbito constitucional y lleguen a un acuerdo con las fuerzas políticas venezolanas", dijo Holguín en una rueda de prensa.

Holguín confirmó que asistirá a la reunión de cancilleres latinoamericanos el 8 de agosto en Lima, convocada por Perú, y reiteró que su país desconocerá la Constituyente: "Nada de lo que surja de cambios constitucionales de esa Asamblea Constituyente será ni aceptada ni reconocida por parte del gobierno de Colombia".

"Nosotros lamentamos y condenamos enérgicamente la pérdida de vidas humanas, la violencia, la represión que tuvo lugar ayer" en Venezuela, dijo la canciller Holguín.

Insistió en que Colombia "está dispuesta a colaborar en lo que sea necesario para que los venezolanos puedan retomar un camino de tolerancia, democrático", luego de que el país diera paso a su "aislamiento" meses atrás.

La responsable descartó sanciones contra Venezuela dado que la relación económica y financiera con esa nación implica cifras "realmente muy bajas", aunque reiteró que el embajador colombiano en Caracas, Ricardo Lozano, no regresará a su puesto tras ser convocado a Bogotá el 30 de marzo por el presidente Juan Manuel Santos. 

Miles de venezolanos han optado por migrar a Colombia, donde se calcula viven entre 300.000 y 350.000, según cifras oficiales, y otros países de Latinoamérica para dejar atrás la crisis política y la severa escasez de alimentos y medicinas.

"Nos da una profunda tristeza ver la desolación, el pesimismo del pueblo venezolano frente a la situación de su país", dijo Holguín.

​​​​​​​El gobierno izquierdista de El Salvador, de su lado, dijo confiar en que este proceso contribuya a encontrar soluciones a la crisis que atraviesa Venezuela