Ese llamado de atención ocurrirá hoy en la audiencia pública aprobada en diciembre por la plenaria de la Cámara, a petición de los representantes Ángela Robledo del Partido Verde y Germán Navas del Polo Democrático.

En el encuentro presentarán el informe de la Comisión de Evaluación al SRPA.

“El sistema está absolutamente lleno de debilidades. El sistema no está operando como sistema”, le dijo ayer a EL NUEVO SIGLO la representante Robledo.

Lo que hoy esperan Robledo y Navas es que las diferentes entidades asuman su responsabilidad y adopten compromisos “y correctivos ya”.

Informe

El informe central de la Comisión, integrada en cumplimiento del artículo 110 de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 del 24 de junio de 2011) con el propósito de verificar que el Sistema cumpliera la finalidad pedagógica, específica y diferenciada, consigna que debería garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.

El informe, firmado por Antonio Varón, director de Protección del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), y Margarita Barraquer, secretaria Ejecutiva de la Alianza por la Niñez, será socializado hoy, pero será retomado en marzo ante la plenaria de la Cámara.

Gobierno

Entre los funcionarios que pasarán hoy “al tablero” está Francisco José Lloreda, Alto Consejero para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, quien a comienzo del mes debió admitir que “Colombia no ha tomado en serio a los menores infractores”.

Lloreda confesó que el SRPA “ha sido la cenicienta de los distintos gobiernos” y que la actual administración apenas está “concluyendo estudios para identificar qué responsabilidades deben ser competencia del Ministerio de Justicia, cuáles del ICBF, del SENA, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, dado que estos últimos en especial se han desentendido de estos jóvenes”.

“En la Ley de Seguridad Ciudadana se establece que al interior de los mismos debe diferenciarse a los jóvenes no solo por su edad sino del delito cometido y de la oferta pedagógica requerida”, comentó Lloreda en entrevista al diario El Colombiano, pero dictaminó cómo “obviamente del dicho al hecho hay un largo trecho”, aunque “el primer paso fue plantearlo en la Ley”.

Ahora, prosiguió, “lo que sigue es hacer realidad esa diferenciación para que en los centros de atención especializada no ocurra lo que en las cárceles y penitenciarías: que se convierten en escuelas del crimen”.

Procuraduría

Una intervención penal que privilegie el orden público implicaría un retroceso sustancial en la protección de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Así quedó consignado en un documento que la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia le remitió al presidente de la Cámara Simón Gaviria, criticando específicamente la propuesta de establecer la rectoría del SRPA en el Ministerio del Interior.

La Procuraduría señaló que el Ministerio del Interior no debe regir el SRPA “toda vez que no sólo debe estar orientada hacia la persecución del delito, sino también al restablecimiento de los derechos de esta población y la restauración de los derechos de las víctimas”.

En igual forma, la Procuraduría advirtió que “no es aconsejable que existan un ente coordinador de políticas, un ente rector del SRPA y una instancia para gerenciar los recursos, porque esto podría dar lugar a un ‘choque de trenes’ institucional, por la eventual duplicidad de funciones de varias instancias en torno a la política criminal juvenil”.

Más allá de la ley

Expertos como Humberto Vergara, abogado de la Universidad Nacional, han coincidido en señalar que el SRPA no funciona como debería ser: “El tema se improvisa creyendo que todo se resuelve con la ley. Es una fuga hacia el Derecho Penal que no ataca el fondo del problema, cuyas causas son sociales”.

Un estudio sobre la aplicación del SRPA, realizado por las abogadas especialistas en derechos de niñez y adolescencia Beatriz Linares y María Eugenia Gómez para la Fundación por la Niñez Colombiana, señala que más de 80 por ciento de los municipios del país carecen de medios para construir infraestructura y levantar centros especializados donde confluyan los adolescentes.

El estudio, divulgado hace algún tiempo por Unimedios, advierte que ante la ausencia de lugares físicos y programas para internar a los capturados en flagrancia la Policía se ha visto obligada a entregarlos a sus padres o conducirlos a las Comisarías de Familia. Además, se observa desentendimiento sobre el papel de los defensores e inspectores de Policía, desconocimiento sobre la responsabilidad penal y falta de claridad en el Código.

“Más que una reforma al SRPA, es indispensable una evaluación de su aplicación. Una legislación que no se aplica en su totalidad debe reevaluarse. Concebir un sistema sin justicia restaurativa y sin la finalidad de la reintegración social para los adolescentes es cercenar toda la posibilidad de su eficacia”, advirtió la procuradora Delegada para la Infancia y la Adolescencia Ilva Myriam Hoyos.

Comisión

“Seguimos trabajando con esta Comisión en la discusión de los principales hallazgos y aspectos críticos del Sistema y en la definición de un plan de acción que permita desarrollar los ajustes necesarios para su operación, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la Ley de Seguridad Ciudadana, en el marco de la Ley de Infancia y Adolescencia, que permita una justicia diferencial con una finalidad pedagógica que garantice una justicia eficaz”, explicó la representante Robledo.

La legisladora ha insistido en que “los jóvenes en Colombia son más víctimas que victimarios, puesto que una gran mayoría vive en condiciones de extrema pobreza y no cuenta con oportunidades de educación, empleo, salud”.

“Parecería que para muchos la vida es un castigo: Un millón de niños menores de cinco años no tiene acceso a la atención de primera infancia y noventa de cada cien mil son víctimas del maltrato, generalmente al interior de sus propias familias. El ICBF recibió el año pasado 46.329 denuncias por maltrato físico, psicológico, negligencia y descuido, mientras que Medicina Legal reporta que 17.628 niños fueron víctimas de delitos sexuales en el 2011. Sabemos que 3 de cada 10 jóvenes de 16 años no están hoy en el sistema educativo, por ejemplo”, anotó.