A nivel central se le hace el quite a la Ley de Cuotas, según la cual al menos 30% de los máximos niveles decisorios y 30% de los otros niveles decisorios de las Ramas del Poder Público deben ser ocupados por mujeres. Sólo el gabinete ministerial y las altas consejerías cumplen con este porcentaje.

Así lo concluye un estudio adelantado por las organizaciones Sisma Mujer, DeJuSticia y la Red Nacional de Mujeres, que se dieron a la tarea de constatar cuál es el estado del cumplimiento de la Ley 581 de 2000, o Ley de Cuotas.

El estudio se dio a propósito del nombramiento de la abogada Ruth Stella Correa como nueva ministra de Justicia del gabinete del presidente Juan Manuel Santos.

La conclusión a la que llegaron es que en el nivel central la Ley de Cuotas no la están cumpliendo. Sólo el gabinete ministerial, 31,2%, y las altas consejerías, 44,5%, cumplen con el porcentaje mínimo de presencia femenina establecido en la Ley.

Por su parte, en los establecimientos públicos del orden nacional apenas 22,5% de la composición corresponde a mujeres, y lo mismo sucede en los departamentos administrativos, donde al igual que en las Secretarías adscritas a la Presidencia de la República, sólo 20% del total de los señalados cargos están en manos femeninas. Adicionalmente, en las unidades administrativas especiales sólo 12,5% de los cargos más importantes son ocupados por mujeres, y en las Superintendencias ninguna mujer está en el más alto nivel decisorio.

“No obstante el claro incumplimiento, este panorama no difiere mucho de lo acontecido previamente en el máximo nivel decisorio de la Rama Ejecutiva a nivel nacional, ya que pocas instancias han cumplido consistentemente con el mandato de la Ley 581 de 2000”, asegura el estudio de Sisma Mujer, DeJuSticia y la Red Nacional de Mujeres.

Añade que la persistencia en el incumplimiento de la Ley ha estado motivada, entre otros factores, por “la errónea interpretación de los mandatos, la debilidad institucional en la vigilancia y el seguimiento a la ley  y la consecuente falencia en la sanción al incumplimiento”.

En este aspecto explica que la aplicación de la norma ha estado atravesada por interpretaciones equivocadas que desconocen los fines de la Ley y los alcances que tiene, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así, por ejemplo, se ha interpretado que la cuota de 30% aplica para el nivel global de los cargos decisorios de cada Rama del Poder Público y no para cada nivel específico de cargos. Igualmente se ha hecho una interpretación inadecuada que persiste tanto en la implementación de la Ley como en el seguimiento a la misma: que es una cuota global para los cargos decisorios, y no individual para el máximo nivel decisorio y para los otros niveles decisorios, sostiene el informe.

Frente a los cual agrega que estos elementos han dificultado la implementación de la Ley desde su entrada en vigencia y se ven ratificados con el incumplimiento actual y persistente en el nivel central de la administración. “Además de las cifras presentadas, esta situación de incumplimiento se ve ratificada por posiciones como las del presidente Santos, al afirmar de manera pública que no está de acuerdo con las cuotas”, dijo.

Demanda

El pasado 19 de junio el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia), la Corporación Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres presentaron demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado contra el nombramiento de Federico Renjifo como ministro del Interior, Germán Vargas Lleras como ministro de Vivienda, y Miguel Esteban Peñaloza como ministro de Transporte, argumentando que con estas designaciones el Presidente incumplió la Ley de Cuotas. Las demandas se fundamentan en que al momento de los nombramientos, el Jefe de Estado tenía la obligación de nombrar al menos una mujer, pues desde la dejación del cargo de Beatriz Uribe en la cartera de Vivienda, la participación de las mujeres en el Gabinete se redujo por debajo del 30% exigido por la Ley.

En tanto que las mujeres del Congreso han desarrollado una ofensiva para que el Gobierno nacional le dé cumplimiento a la Ley de Cuotas. En ese propósito hace un par de semanas la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer solicitó a los entes de control información sobre las diligencias adelantadas ante las gobernaciones y alcaldías frente al cumplimiento de la Ley. De igual manera “hemos suscrito un documento para el Presidente de la República, para que cumpla la norma”, explicó la representante Nancy Denise Castillo, presidenta de la citada Comisión.

Igualmente, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer estudia una propuesta para reformar la Ley de Cuotas, poniéndole dientes sancionatorios ante el incumplimiento de la misma.

Sobre el particular, la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta -MIRA), quien integra dicha Comisión, dijo que “queremos que haya un régimen sancionatorio porque la Ley de Cuotas no lo tiene previsto” y ahí se explica el incumplimiento que se presenta en los diferentes niveles del Estado.

A finales de marzo pasado la Bancada de Mujeres del Partido Liberal envió una carta al Mandatario, en donde le reclamaba porque no había 30 por ciento mínimo de mujeres en cargos de dirección en las diferentes Superintendencias, Unidades Administrativas y Establecimientos Públicos.