El Estado admitió por primera vez indemnizar a una víctima de la violencia desatada por el abatido capo del narcotráfico Pablo Escobar, en una decisión producida 24 años después del crimen y conocida este jueves.

La estatal Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, informó que "reconoció a Fabricio Arellano como víctima del conflicto armado (del país) por el homicidio de su padre Gerardo María Arellano Becerra", en un comunicado.

Arellano Becerra fue uno de los 110 muertos que dejó la explosión de una bomba puesta por orden de Escobar en un vuelo comercial doméstico, en uno de los múltiples hechos de violencia que el capo generó en su guerra contra la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.

Este es el primer reconocimiento que hace el Estado colombiano de una víctima del extinto capo del otrora poderoso y temido cártel de la cocaína de Medellín, la mayor organización mafiosa que haya existido en Colombia.

Escobar fue muerto por la Policía el 2 de diciembre de 1993 en la ciudad de Medellín (400 km al noroeste de Bogotá).

La directora de la Unidad de reparación a las víctimas, Paula Gaviria, dijo que el reconocimiento del caso de Arellano Becerra no significa que todas las víctimas del capo "van a ser reparadas", indicó el comunicado.

El reconocimiento en este caso responde a una lucha jurídica de varios años librada por Fabricio Arellano, un abogado especializado en derechos humanos y quien preside la ONG 'Colombia con memoria', que trabaja con las víctimas del narcotráfico.

Según dijo Arellano a la prensa, las víctimas de Escobar superan las 50.000.

La indemnización que recibirá Arellano se enmarca dentro de una ley que impulsó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para reparar a las víctimas del conflicto armado que padece el país desde hace casi medio siglo.

La ley, promulgada en junio de 2011, enmarca la indemnización a las víctimas de grupos guerrilleros, paramilitares y de agentes de la fuerza pública a partir de 1985 (cerca de 4 millones) y restituirá tierras a desplazados a partir de 1991 (unas 400.000 familias)./AFP