Por Álvaro E. Sánchez H. *
Especial para EL NUEVO SIGLO
Es común hoy en día oír en diferentes escenarios hablar sobre el daño que produce la minería a nuestro planeta. Se maximiza por cuenta de unos y se minimiza por cuenta de otros, pero hay unanimidad en aceptar que la minería produce daños de diversa magnitud al ambiente.
Algunos puristas han propuesto establecer una moratoria minera en Colombia, basándose en una medida similar adoptada por Costa Rica en la década anterior, moratoria que consistiría en suspender todo tipo de explotación minera en nuestro país por algún periodo superior a una década, y aseguran que de ésta manera se preservará el medio ambiente y se protegerá a nuestras futuras generaciones; este planteamiento, por loable que parezca a primera vista, adolece de tres problemas de fondo:
Los minerales y el hombre. La historia de la humanidad ha estado ligada a la explotación minera a través de los siglos, quizá desde los orígenes de nuestra especie, tal y como la conocemos; para que existiera una Edad de Piedra fue necesario que se explotara la piedra, lo cual es evidentemente una explotación minera que permitió el desarrollo de las primeras civilizaciones; a éstas siguieron otras igualmente relacionadas con la minería, como la Edad de Bronce, la Edad de Oro y la Edad de los Metales. En términos de arte se habla del Siglo de Oro y del Siglo de Plata y, en general, en todos los campos el desarrollo ha estado asociado a la explotación minera. De manera contraria, no se conoce de desarrollo a través de los tiempos sin el uso de los minerales que hoy tanto nos preocupa.
La supervivencia económica del país. El manido argumento de que Costa Rica promulgó la moratoria minera sin consecuencias, no por ser cierto es válido para nuestro país; para Costa Rica la explotación minera y, en general del sector extractivo, equivalía a algo menos del 1% del PIB cuando se tomó la decisión, mientras que para Colombia podría significar fácilmente algo más del 18%, lo que significaría un decrecimiento en los índices de desarrollo y conllevaría un problema estructural para la economía nacional y un retroceso de la misma en el contexto latinoamericano.
La universalidad del ambiente. Cuando se habla de la protección local del ambiente se comete un error conceptual que consiste en pretender que cada medio o lugar tiene un ambiente independiente del contexto global, con lo cual se podría decir que el utilizar minerales producidos en otras latitudes generará daños allá pero nos liberará a nosotros de dichos daños; nada más alejado de la realidad, si bien es cierto que los ecosistemas se deterioran en primera instancia en los sitios en los que son intervenidos, también es cierto que éstos deterioros se manifiestan a nivel global por tratarse el ambiente de un sistema de alta complejidad y que se encuentra interconectado permanentemente; guardadas las proporciones, sería como comenzar una pandemia en un lugar alejado, más pronto que tarde nos llegará a afectar.
Así el escenario planteado, la solución no será entonces declarar una moratoria minera ni mucho menos dejar de utilizar los minerales en un mundo que se surte de ellos para la mayoría de las actividades humanas que hoy se realizan, incluyendo aspectos como la medicina, el transporte y la información; aspectos indispensables para la supervivencia de la especie. La solución tendrá que trasladarse entonces a un eficiente control de los impactos generados, a un cálculo eficiente de la huella ambiental generada y a una compensación real de la misma; esto permitirá asumir los costos ambientales del desarrollo de manera responsable y con horizontes de supervivencia mayores de los que hoy se prevén con el manejo actual.
Acciones del estado. Me encuentro escribiendo estas líneas y oigo la noticia sobre la nueva normatividad ambiental que se pretende implantar para la exploración minera a través de una ley que presentará en la próxima legislatura el Minambiente; según la información de prensa se requerirá, además de los títulos mineros, una licencia ambiental y un plan completo de manejo para poder proceder a la exploración. Debo manifestar que la medida tiene algunas falencias que se deberían contemplar antes de ponerla en marcha; el ámbito de aplicación, el control a la ejecución, los tiempos de respuesta de los requerimientos de permisos o licencias y el cálculo real de los impactos generados;
1. Es importante entender que el mayor daño ambiental no está siendo causado por la gran minería de origen legal, está siendo causado por la minería criminal de la que se nutren los movimientos por fuera de la ley como las Bacrim y los movimientos guerrilleros; por lo tanto, la ley tendrá que disponer de mecanismos que permitan establecer un control efectivo a éstas explotaciones.
2. Es peligroso que por éste camino se llegue a tener un gran control al licenciamiento pero una pésima gestión en el seguimiento del cumplimiento de los Planes de Manejo que se hayan aprobado; se podría aprovechar la misma ley para establecer mecanismos que, no solo permitan, sino que obliguen a la creación de auditores minero-ambientales privados, que garanticen el seguimiento de las guías establecidas para cada tipo de explotación.
3. A pesar del gran esfuerzo que han realizado la ANLA y el Ministerio en el sentido de agilizar los procesos, aún se encuentran éstos con demoras exageradas que ahuyentarían posibilidades de inversión extranjera, constituyéndose en caldo de cultivo para la expansión de la minería criminal. Habría que establecer plazos exactos que se cumplan y establecer silencios administrativos por los cuales tengan que responder los funcionarios responsables de cada trámite.
4. En Colombia se calcula la huella de carbono pero no se han establecido mecanismos que permitan el cálculo integral de la huella ambiental. Sin ésta herramienta se hace prácticamente imposible establecer compensaciones adecuadas que garanticen el desarrollo sostenible.
Así las cosas es loable que el Ministerio se preocupe por el tema, pero esperamos que las medidas ayuden a tener un adecuado desarrollo sostenible con un impulso racional de la “Locomotora Minera”, pero es importante que se tome el tiempo para lograr una solución integral y no llegar a una moratoria por vía de una legislación incompleta que podría obscurecer aún más el panorama.
* Director Maestría en "Gestión y evaluación ambiental"- Escuela de Ingenierías, Universidad Sergio Arboleda. alsanchez2006@yahoo.es @alvaro080255