SI EL pasado 23 de junio, en La Habana, el Gobierno y las Farc anunciaban al unísono un acuerdo sobre cese el fuego y desarme que catalogaron como el “fin de la guerra”, esta semana la ONU dio a conocer su informe mundial sobre drogas en el que queda en claro que Colombia va perdiendo esta otra guerra.

Según ese informe, el país volvió a ubicarse como el primer productor de cocaína del mundo y la nación con más cultivos de hoja coca. Las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señalan que en los dos últimos años se duplicaron los cultivos de coca, cuya superficie alcanzó niveles no vistos desde 2007.

De esta forma, en 2015 se registraron 96 mil hectáreas sembradas, frente a las 48 mil de 2013 y ligeramente por debajo de las 99 mil de 2007.

La sentencia del representante de UNODC en Colombia, Bo Mathiasen, fue tajante: "Colombia es el principal productor (de hoja de coca) de la región", ya que Perú y Bolivia suman cerca de 60.000 hectáreas.

El monitoreo de la ONU y las estadísticas del propio Gobierno evidencian que el incremento en todo el territorio nacional de los narcocultivos fue cercano al 39% entre 2014 y 2015. Los mayores aumentos se dieron en Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá, que hoy concentran el 81% de las 96 mil hectáreas.
Solo en Tumaco existen 16.990 hectáreas de sembradíos de hoja de coca, que representan el 17% de la producción nacional.

Según la ONU, la producción potencial de cocaína también mostró un alza importante equivalente al 46%, pues en 2015 se produjeron 646 toneladas frente a 442 de 2014. De igual manera se estima que 74.500 hogares están involucrados en la siembra de coca, un 11% más que en 2014.

Según la ONU, Colombia contribuye con la "tercera parte de las incautaciones globales" de esta droga. El año pasado se confiscaron 252 toneladas frente a las 148 de 2014, para un aumento del 71%.

Esta semana, también, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo de la ONU, denunció que Centroamérica se consolida como centro de distribución de drogas hacia el norte del continente y Europa. "Se sigue traficando cocaína desde la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela a pistas de aterrizaje ubicadas en Centroamérica y el Caribe", agregó.

 

Gobierno: sí pero no…

Para el Gobierno la noticia, obviamente, cayó como un baldado de agua fría. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que el aumento se debe, entre otros, a las falsas expectativas creadas desde las Farc ante el fin del conflicto, a la suspensión de la fumigación aérea, a factores climáticos y al estado de la aspersión en parques naturales y en la jurisdicción indígena, sumados a mayor productividad y protesta organizada contra la erradicación.
“Por supuesto que el incremento es preocupante pero hay que decir que el Gobierno no ha estado ni estará quieto para enfrentar esta actividad y al crimen organizado que lo maneja. Para ello disponemos, y ya estamos ejecutando las primeras acciones, de la nueva política antidrogas, que se enfatiza en la disminución de estos cultivos, mediante sustitución sostenible, erradicación, interdicción aérea y marítima, la fumigación manual con nuevos equipos, el control de la demanda, en fortalecer el marco jurídico y sumar recursos para enfrentar este desafío”, explicó el Ministro.
Dijo que la nueva política antidrogas contempla la creación de nuevos comandos contra el narcotráfico en San José del Guaviare, Tumaco, Caucasia y Cúcuta y el aumento de 16 a 60 de los grupos de erradicación manual.
En cuanto a la erradicación de estos sembradíos, las estadísticas oficiales señalan que el año pasado se destruyeron 14.295 hectáreas y en el primer semestre de 2016 ya se han acabado 10.178 de las 16 mil que se tienen proyectadas.

Paradójicamente este año ha sido récord en lucha antidrogas, lo que, de un lado, resulta positivo pero, por otro, también evidencia que hay un narco-boom. En estos seis meses se han incautado más de 160 toneladas de cocaína y destruido 3 mil laboratorios, cifras que el Mindefensa califica como sin antecedentes.

Para Eduardo Díaz, director de la Estrategia Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia, la situación es “… supremamente preocupante el crecimiento de los cultivos (...) porque había una tendencia clara al descenso".

Aun así explicó que si se observa por zonas se encuentra que “en tres departamentos del país no hay cultivos, en nueve se redujeron los cultivos, en nueve permanecieron estables”.

Con respecto a la sustitución de cultivos sostuvo que es importante anotar que en 2014 los programas de desarrollo alternativo llegaron a 11.270 familias y el año pasado fueron beneficiadas 44.601 familias.

A su turno, el alto consejero de la Presidencia para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, aseguró que ante “un crecimiento importante” de los narcocultivos  el Gobierno seguirá fortaleciendo la interdicción marítima y aérea en las zonas de cultivo y producción. Recalcó, por ejemplo, que durante el primer semestre de este año mediante la interdicción se ha logrado incautar una cifra de cocaína similar a la que el año anterior cayó en manos de las autoridades.

Precisó que los programas de sustitución se concentrarán en cuatro zonas: Tumaco, donde está el 17% de la producción de coca, y regiones de Caquetá, Putumayo y Cauca.

Interrogado Pardo sobre si en este aumento de los narcocultivos pudo incidir la suspensión, desde octubre pasado, de las fumigaciones aéreas con glifosato (decisión tomada por el Gobierno tras un informe de la OMS que señalaba un posible efecto cancerígeno), el alto funcionario respondió que esto pudo "haber incidido".

Sin embargo, advirtió que otros factores también pueden haber influido. “Uno es el aumento del precio del dólar respecto al peso, o sea la devaluación, que afecta todas la exportaciones y la cocaína es una exportación”, afirmó. Otro factor es el cultivo de coca en zonas donde no se hacía y que por efectos del cambio climático se han transformado en áreas aptas para tal labor.

 

Para EU son más

Aunque el informe de la ONU fue demoledor, lo cierto es que ya en marzo pasado el gobierno de Estados Unidos había dado un campanazo aún mayor.

Un estudio publicado por la oficina de Política Nacional para el control de Drogas de la Casa Blanca, confirmó que el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia se había disparado. Según ese informe, en dos años el área sembrada pasó de 112 mil hectáreas en 2014 a 159 mil en 2015.

De acuerdo con la agencia estadounidense, mientras en el año 2013 los cultivos ilícitos estaban en 83 mil hectáreas, prácticamente se duplicaron en 2015, al arribar a las 159 mil hectáreas.

Igualmente se presentó un aumento del 68% en la producción de cocaína, que del 2013 al 2015 pasó de 250 toneladas métricas a 420 toneladas.

Al igual que lo concluyó esta semana la ONU, en marzo Colombia superaba de lejos a otros países andinos productores de coca, pues Bolivia tenía 35.000 hectáreas y Perú 46.500 hectáreas de cultivos ilícitos.

Lo cierto es que ya tanto el Departamento de Estado como varios congresistas norteamericanos han llamado la atención sobre el aumento de narcocultivos y producción de coca en nuestro país y ello podría afectar los giros, ya de por sí reducidos, al Plan Colombia para los próximos años.

 

¿Coletazo del proceso de paz?

Más allá de las conclusiones puntuales de ambos informes, lo cierto es que al Gobierno le impactó mucho lo advertido esta semana por la ONU. Y ello no sólo por lo que significa en materia de evidente retroceso en la lucha contra el narcotráfico, sino porque los críticos, de inmediato, relacionan el incremento de los sembradíos ilícitos con el proceso de paz con las Farc. Advierten principalmente que pudo ser una consecuencia de la disminución del accionar de las Fuerzas Militares y de Policía contra esa facción insurgente y las zonas en donde, en tregua unilateral desde hace un año, operan muchos de sus frentes y bloques de guerra.

No hay que olvidar que tanto el uribismo como el propio procurador general Alejandro Ordóñez han advertido de forma reiterada que la suspensión de las aspersiones con glifosato y la disminución de la operatividad militar en zonas en donde hace presencia la guerrilla, son las causas principales del aumento de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína.

Por ejemplo, en noviembre pasado, cuando se dio a conocer otro informe sobre el aumento de los narcocultivos, aunque no en la proporción de los proyectados en marzo por EU y esta semana por la ONU, Ordóñez había advertido claramente que “esto es parte de las concesiones que el Gobierno hizo a las Farc. La suspensión de las fumigaciones de glifosato el Gobierno no la hizo por razones jurídicas ni por razones científicas. El Gobierno lo hizo porque las Farc lo pidieron desde hace varios años… Lo dije en esa época y lo repito hoy, vamos a nadar en coca, estamos nadando en coca".

 

Campanazo de conservadores

A esas críticas se unió esta semana el partido Conservador. El presidente del Directorio Nacional, parlamentario David Barguil, anunció que hará un debate de control político a Villegas por el aumento en un 39% de los cultivos ilícitos para 2015.

“Vamos a exigir explicaciones al Ministro de Defensa sobre el actual fracaso de la política del Gobierno para frenar el auge de los cultivos ilícitos en el país. Los colombianos necesitamos saber las medidas de choque que se están implementando para contrarrestar este alarmante incremento que ha llegado a niveles casi nunca antes vistos en los últimos 15 años”, señaló.

Agregó la colectividad que, según cifras de la Casa Blanca, entre el 2007 y el 2012, Colombia había logrado reducir sus cultivos de coca en un 57% pero “hoy, sin embargo, la realidad es que en los dos últimos años se ha retrocedido y el año pasado el área cultivada de coca en el país llegó a 159 mil hectáreas”.

“Preguntaremos al Ministro ¿cuáles son los programas y planes de erradicación de cultivos ilícitos que el Gobierno  tiene hoy en marcha? ¿Qué mecanismos de erradicación se están empleando? ¿Qué cifras de áreas cultivadas en coca maneja el Ministerio de Defensa y, en función de estas, cuáles son las metas de erradicación que se ha trazado por año?”, indicó el congresista.

El presidente de los conservadores enfatizó que “los recursos del narcotráfico han sido el principal combustible para las diferentes expresiones de violencia y una vez más amenazan con exacerbar el conflicto armado, al que se le está tratando de poner fin”.

 

¿Y ahora?

El narcotráfico, es claro, tiene  varios frentes de acción hoy por hoy. Tanto Pardo como Díaz ya explicaron las metas de la nueva política antidrogas.

Por ejemplo, hay que redoblar la lucha contra las bandas criminales, como el llamado ‘Clan del Golfo’ (antes ‘Clan Úsuga’ y mucho antes ‘Urabeños’), que se han convertido en verdaderos carteles del narcotráfico y microtráfico.

Contra estas bandas el Gobierno viene desarrollando una operación sostenida que en lo corrido de este año ya ha permitió la neutralización (captura, sometimiento a la justicia o muerte) de 1. 940 delincuentes.

El otro flanco es el relativo al propio proceso de paz, ya que se sabe que esa guerrilla no sólo cobra ‘vacunas’ a los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, sino que  trabaja de forma abierta en operaciones de procesamiento de la droga, transporte y exportación hacia Estados Unidos y Europa. No en vano la DEA considera a esta facción insurgente como uno de los carteles del narcotráfico más grandes del mundo.

Según el ministro de Defensa una vez se suscriba el acuerdo final con las Farc, todos los temas de narcotráfico deberán empezar a registrar progresivamente un mejor desempeño.
Es más, precisamente hoy, en Briceño, Antioquia, se lanzará plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos, en el que trabajarán Fuerza Pública, guerrilla y comunidades. Dicho plan fue pactado en La Habana.

​“Históricamente las Farc no solo han sido un obstáculo para la erradicación de cultivos ilícitos sino que han sido grandes promotores de su propagación. A partir de este nuevo acuerdo, cambiarán su rol y se convertirán en promotores de la erradicación de la siembra de coca y de la siembra de nuevos alimentos que generen desarrollo en aquellas zonas rurales”, afirmó, a su turno, Pardo.

Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Por más que en lo ya acordado con las Farc en La Habana, en el cuarto punto de la agenda, haya un compromiso de éstas de ayudar a desmontar el narcotráfico y la puesta en marcha de un ambicioso proceso de sustitución de sembradíos ilícitos, lo cierto es que no es claro si la guerrilla cumplirá con este pacto.

A ello se suma también, como se reveló esta semana, que el involucramiento de las Farc con el narcotráfico es muy alto, y podría dar lugar a que algunos frentes o facciones no se desmovilicen y desarmen, sino que prefieran seguir en la guerra irregular, financiados por el comercio de las drogas, o que se pasen directamente a convertirse en una especie de pequeños ‘narco-ejércitos’, como pasó con las Bacrim (hoy llamadas bandas criminales), gran parte de las cuales proviene de bloques de paramilitares que no se acogieron al proceso de paz en el gobierno Uribe.

De allí la preocupación, por ejemplo, por la posibilidad de que una parte del Frente 1 de las Farc se lance a la disidencia. Más allá de los motivos ‘ideológicos’ que los ‘rebeldes’ alegan para apartarse del proceso de paz, lo cierto es que esta facción subversiva opera en zonas de Guaviare, Vaupés y Guainía, en donde tienen como principal fuente de financiación, precisamente, el narcotráfico y la minería ilegal.

Mientras que el Gobierno y las propias Farc trataron de minimizar esta semana el caso del Frente 1, lo cierto es que el propio Ordóñez volvió a reiterar que más del 50% de esa guerrilla no se desmovilizaría.

 

El negocio

Pero, incluso, dejando de lado el proceso de paz, no se puede desconocer que romperle el espinazo al narcotráfico no es fácil, ni en Colombia como tampoco en ninguna otra parte del planeta.

Por lo mismo, es cada vez más abierto el debate, como ocurrió recientemente en la Asamblea Especial de la ONU alrededor del tema, sobre un nuevo enfoque en la lucha contra este fenómeno. Un enfoque que parte de la base de que la estrategia represiva y policial contra este flagelo no da los resultados esperados y el narcotráfico sigue campante como uno de los delitos trasnacionales más rentables de las últimas décadas.

El entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, lo dijo claramente ante la ONU ante delegados de 53 países que participaron en  la Comisión de Estupefacientes, que se desarrolló en Viena (Austria). Recalcó que es necesario considerar medidas distintas a la prisión para los pequeños cultivadores, las personas que son descubiertas transportando pequeñas cantidades de droga y los consumidores. 

 

“En la mayoría de los casos los eslabones más débiles han sido objeto de la represión por parte del Estado. Estos infractores son más en cantidad que los narcotraficantes de alto nivel y son mucho más fáciles de detener y procesar, pero su encarcelamiento hace una contribución mínima a la interrupción de las actividades de las organizaciones de tráfico de drogas”, indicó.

Añadió Reyes que alrededor de 14.200 connacionales estaban detenidos en diferentes cárceles del mundo, 128 de ellos pagan cadena perpetua y 15 están condenados a muerte en estos países. “Estas medidas no solo carecen de cualquier sentido de proporcionalidad sino que van en clara contravía de los compromisos adquiridos en el plano de los Derechos Humanos”, dijo.

También resulta evidente que la extradición, que años atrás era el principal arma contra los capos del narcotráfico, ya no produce mayor temor e incluso muchos cabecillas de ‘cartelitos’ prefieren someterse a la DEA, negociar con la justicia estadounidense, revelar narco-rutas y cómplices, así como entregar grandes cantidades de dinero, a cambio de penas bajas que les permiten salir libres en pocos años. En Colombia, entretanto, hay una renovación casi automática de capos una vez sus antecesores son capturados, abatidos, extraditados o se entregan voluntariamente a EU.

Por igual, los expertos señalan que la prioridad en estos momentos debe ser enfocarse en la prevención y tratamiento de la drogadicción, toda vez que países como Colombia pasaron de ser productores de narcóticos a consumidores. Las últimas encuestas sobre consumo de estupefacientes ponen al descubierto que muchos niños y jóvenes en nuestro país tienen contacto tempranero con las drogas, ya sean las llamadas “blandas” (hongos y marihuana) o las “duras” (cocaína, heroína y drogas sintéticas).

Por igual la jurisprudencia colombiana es cada día menos represiva contra el consumidor, como lo prueban recientes sentencias de las altas cortes judiciales, en especial los fallos que ya no consideran causal automática de despido el asistir al trabajo bajo los efectos de las drogas o el que determinó que la ley no puede fijar el tope máximo de la llamada “dosis mínima de estupefacientes”, sino que esta depende de la particular cantidad que requiera diariamente ese adicto.

Expertos como el director de la ONG Corporación Andina Colombia, Ricardo Vargas –consultado por la agencia AFP- sostienen que la tendencia al alza del narcotráfico "viene de tiempo atrás" y se debe al crecimiento de la demanda en Europa y Asia. "En esos mercados Colombia tiene un puesto importante en el comercio de drogas", afirmó.

Según el experto, mientras no se resuelva el "problema estructural" del campo colombiano, los campesinos seguirán encontrando "una alternativa" en el cultivo de coca, cuyo precio en el mercado alcanza los 3.000 pesos el kilo (casi un dólar) y creció un 32% en 2015.

Como se ve, más allá del impacto de que la extensión de narcocultivos se haya duplicado en Colombia así como aumentado la producción de cocaína, quebrarle el espinazo al narcotráfico no es fácil ni puede caerse, tampoco, en la ingenuidad de que las causas de este fenómeno son aisladas o unas pocas. En realidad es un monstruo de mil cabezas al que se le corta una y parecen nacerle dos…